jueves, 29 de abril de 2010

[La Jornada] San Juan Copala: crónica de una represión anunciada

San Juan Copala: crónica de una represión anunciada

Francisco López Bárcenas.

La Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) cumplió su palabra. Esta organización paramilitar, creada por el gobierno del estado de Oaxaca desde el año de 1994 para controlar la región triqui, volvió a sacar las armas haciendo que sangre inocente volviera a teñir las verdes laderas de ese territorio indígena. De acuerdo con la información preliminar que públicamente ha circulado, de la agresión resultaron dos personas muertas: la mexicana Beatriz Cariño Trujillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia, mientras más de una docena de activistas se encuentra en calidad de desaparecidos, sin que sus compañeros sepan si están muertos, heridos o escondidos en algún lugar, porque tomaron rumbo al monte para protegerse de las balas asesinas.

Tanta saña contra una caravana de personas indefensas se originó en el hecho de que los activistas intentaron romper el cerco tendido por los agresores sobre el municipio autónomo de San Juan Copala, para poder entregar alimentos, ropa y un mensaje de solidaridad a sus habitantes, que desde hace meses se encuentran incomunicados y sin luz eléctrica por el hecho de querer ser autónomos, es decir, libres, es decir, ellos mismos.

La agresión estuvo anunciada, cantada, desde días antes que sucediera. Desde que las autoridades del municipio autónomo informaron que la caravana llegaría, la Ubisort dijo que no la dejaría entrar y que si llegaban no se responsabilizaban de lo que les sucediera. Y cumplieron su palabra con los lamentables resultados de personas inocentes muertas, heridas y desaparecidas. Pero hubo otros sucesos que también anunciaron la represión en la región triqui. El día 28 de noviembre del año pasado el mismo grupo impidió que integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, llegaran al municipio autónomo, donde tenían planeado realizar la clausura de la campaña por la libertad de sus presos. En esa ocasión, muchos pensaron que había una alianza entre los gobernadores Enrique Peña Nieto, del estado de México, y Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, los mandatarios más represivos del sexenio, para evitar que los dos movimientos de resistencia se unieran. La hipótesis no era tan descabellada, porque a partir de esa fecha la represión sobre el municipio autónomo aumentó, hasta llegar a donde ahora se encuentra.

Ese mismo día, en los diarios de la capital oaxaqueña se inició una fuerte campaña de desinformación, afirmando que el municipio autónomo había llegado a su fin. Para darle algún viso de veracidad a sus dichos, los integrantes de la Ubisort declararon agente municipal a Anastacio Juárez Hernández, hermano del líder de la organización. A pesar de que las autoridades municipales desmintieron una y otra vez esas versiones, la campaña continuó, mientras en la región triqui la sangre seguía corriendo. El día 29 de noviembre de 2009, las instalaciones del municipio recibieron la agresión más violenta desde su fundación, pero no sólo eso, también el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco, así como otro menor cuyo nombre no se dio a conocer. Ese mismo día los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana, el mismo lugar donde ahora se perpetró la agresión a la caravana de activistas, con la clara intención de tender un cerco sobre los habitantes del lugar.

Cuando consideraron que el municipio estaba aislado asestaron lo que tal vez pensaron era su golpe definitivo. El 10 de diciembre, fuertemente armados y acompañados por unas cuantas personas, desalojaron a las autoridades autónomas del municipio y montaron una guardia permanente en él. Así estuvieron hasta el 10 de marzo, día en que un grupo de mujeres y niños que respaldan al municipio y sus autoridades se hicieron del inmueble cuando los usurpadores aflojaron la vigilancia; como éstos ya no pudieron regresar, comenzaron a disparar sobre la comunidad, resultando herida la señora María Rosa Martínez, de 64 años de edad. La situación se puso de tal manera peligrosa que muchas familias abandonaron San Juan Copala y se fueron a refugiar a otros barrios o salieron de la región; también se suspendieron clases y hasta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cerró sus instalaciones. Sólo permaneció abierta la iglesia; los pobladores debieron moverse con cautela. Así estaban las cosas hasta el momento de la agresión a la caravana de observación de derechos humanos.

¿A quién beneficia, en términos electorales, la brutal emboscada de ayer en Oaxaca? Es una pregunta que, con mucha pertinencia, nuestro diario se hace. Las respuestas pueden ser varias. Una de ellas, efectivamente, podría encontrarse en los intereses de los diversos actores político-electorales que se mueven en la región. Otra, en los intereses económicos que transitan por ese rumbo. Habrá que escarbar ahí para ver qué luz arrojan. Por ahora, lo más importante es encontrar formas de proteger a la población de la brutal represión, a los originarios y a los de afuera; exigir que autoridades imparciales, auxiliadas por organismos que vigilen su trabajo, inicien una investigación que dé con los responsables y los lleve a juicio. Desgraciadamente, ni en la Federación ni en el estado de Oaxaca se tiene confianza en las instituciones encargadas por ley de esto; por eso tal vez haya que acudir a instancias internacionales. Por el bien de todos, no podemos permitir que esta represión quede impune.

[NOTICIAS MVS 29/04/10] Masacre En San Juan Copala Oaxaca







[REDDH] Pronunciamiento Caso Copala.

La Red de Defensa de los Derechos Humanos condena los actos violentos del pasado 27 de abril en contra de la Misión Civil Humanitaria integrada por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, periodistas, maestros y activistas de diferentes organizaciones sociales oaxaqueñas quienes fueron emboscados en el lugar conocido como La Sábana, cuando se dirigían al Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca; dicho ataque fue realizado por el grupo UBISORT (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui).

La Misión Civil Humanitaria tenía como objetivo llevar ropa y víveres, así como coadyuvar a distender el conflicto creado por la UBISORT, situación que ha propiciado una práctica de violaciones a derechos humanos en la comunidad indígena Triqui.

De acuerdo con el CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO” A.C. ésta es la lista de personas que participaban en la CARAVANA DE OBSERVACION EN SAN JUAN COPALA.

  1. Beatriz Cariño Trujillo Directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS A.C.) Sede en Huajuapan.
  2. Pablo González CACTUS
  3. David Venegas, VOCAL (Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad)
  4. Noé Bautista Jiménez “ “
  5. Daniel Arellano Chavez “ “
  6. Rubén Valencia “ “
  7. Érika Ramírez Contralinea.
  8. David Cilia Semanario “CONTRALINEA
  9. Mery Monomen Coordinadora para México de la Unión Finlandesa de la ONU
  10. Yyry Jaakkola de la Organizaciòn Uusi Tuuli Ry (Nueve Viento) Finlandés
  11. Audberto Matías Cruz Asociación “ Por la paz” Finlandia
  12. Davide Cassinari Observador Italiano
  13. Martin Santana Observador de Bélgica
  14. Fernando Santiago Brigada indígena, Oaxaca
  15. Roger Valle Periódico “APIM”
  16. Mónica Citlali Santiago Oaxaca
  17. Lisa Hotmann Oaxaca
  18. Daniel Arellano Oaxaca
  19. Trinidad Sampablo Oaxaca
  20. Esther Cruz Ortiz Oaxaca
  21. Lorenzo A. Serrano Sección 22
  22. Rene Cariño Sánchez Sección 22
  23. Omar Esparza MAIZ
  24. Roger Corresponsal del diario “Noticias” en Huajuapam
  25. Reportero del Diario “El Despertar”.

Según información de CACTUS la caravana salió en el siguiente orden:

Una urvan rentada donde iban los observadores Internacionales, integrantes de Vocal, Cactus y un reportero del Noticias (Correponsal de Huajuapan), un reportero del diario “Despertar”.

Otro vehículo atrás con los reporteros de la revista “Contralínea”

Otro Vehículo con Consejeros de la APPO

Otro Vehículo con una Comisión Política de las Sección 22

HASTA ESTE MOMENTO (11.00 HRS DEL 28 DE ABRIL 2010) ESTAN CONFIRMADAS LA MUERTE DE:

BEATRIZ CARIÑO TRUJILLO. Directora de CACTUS

YYRY JAAKKOLA Observador Finlandés

DESAPARECIDOS:

Érika Ramírez Semanario “CONTRALINEA

David Cilia Semanario “CONTRALINEA

David Venegas, VOCAL (Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad)

Noé Bautista Jiménez VOCAL

Daniel Arellano Chávez VOCAL

HERIDOS:

Mónica Citlali Santiago. Oaxaca (Internada en la Centro de IMSS en Juxtlahuaca con herida en la espalda).

DE LOS DEMAS OBSERVADORES SE DESCONOCE SU SITUACION Y POR ELLO SE MENCIONAN COMO DESAPARECIDOS.

Los hechos ocurridos en la comunidad de San Juan Copala demuestran el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores de derechos humanos y activistas sociales que contribuyen a la democratización del País. De igual manera, es una muestra palpable de las omisiones por parte del gobierno del estado y de las instituciones de procuración de justicia al no garantizar la integridad física, psicológica y moral de los integrantes de la Misión Civil Humanitaria.

Por lo anterior, la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) exige:

  1. Realizar una investigación imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

2. Garantizar la integridad física, psicológica y médica de los heridos;

3. La presentación con vida de los desaparecidos en los hechos violentos del 27 de abril;

4. Garantizar lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.


Atentamente

Dignidad, Justicia, Libertad

Red de Defensa de los Derechos Humanos

REDDH

__________________________________________________

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

Web: www.reddh.org

correo: contacto@reddh.org

miércoles, 28 de abril de 2010

Reuniones secretas entre Gobierno colombiano y paramilitares salen a la luz pública

Reuniones secretas entre Gobierno colombiano y paramilitares salen a la luz pública

27 de abril de 2010

Negociando desmovilizaciones: en noviembre de 2002 el entonces Comisionado de Paz, Luis Restrepo (centro), se reunió con paramilitares.


Documentos exclusivos extraídos de un expediente judicial dan cuenta de "reuniones secretas" que sostuvo en el año 2002 el entonces Comisionado de Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, con grupos paramilitares, con el fin de las negociar las posteriores desmovilizaciones de estos movimientos armados.

Los textos, publicados por el sitio Web VerdadAbierta.com, contienen una transcripción de la referida reunión entre Restrepo y jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tales como Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, quien era entonces el jefe del Bloque Catatumbo; Ramón Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y otros más, en donde se prepara un plan para mostrar de la mejor manera ante la opinión pública el acuerdo.

El encuentro entre el Gobierno colombiano y los paramilitares se dio en un finca del departamento Córdoba (norte), el 12 de noviembre de 2002, dos semanas antes de que las AUC anunciaran al país su cese al fuego.

Restrepo y la plana mayor de los conocidos como "paras", abordaron en esa reunión lo que sería el primer borrador de un "acuerdo" para la desmovilización del aparato militar de las AUC.

Las conversaciones entre las partes fueron grabadas por los insurgentes y posteriormente transcritas. El texto fue hallado en una "caleta" del paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40" y reposa en varias investigaciones judiciales sobre parapolítica (práctica conocida en el país como vínculos entre funcionarios de Gobierno con miembros de la AUC).

Según las declaraciones de Restrepo asentadas en los reveladores documentos, el proceso de desmovilización se realizaría en tres etapas. Primero el cese de hostilidades, segundo la entrada del Ejército a los sitios controlados por los paramilitares, y tercero, el desarme de las AUC. También propuso delimitar regiones denominadas "zonas de frontera" para concentrar las tropas paramilitares.

Según la transcripción del encuentro, Restrepo dijo: "Hay una diferenciación de dos tipos de zonas, unas zonas que ustedes tienen control, donde no tendrían mayor dificultad para el cese de hostilidades y otras ’zonas de frontera’ podríamos decir".

"Como es un cese unilateral y como todavía no hemos tenido supuestamente contactos con el Gobierno, todas las agresiones que suframos de la subversión estamos en pleno derecho de responderlas, en caso de que nos ataque, que con seguridad nos van a seguir atacando", advirtió Mancuso.

A lo que Restrepo les respondió: "Ese es un derecho que no les podemos quitar. Lo dejo claro. Yo como representante del gobierno no puedo quitarles a ustedes ese derecho".

Al permitirles "ese derecho" a los paramilitares, el gobierno garantizaría que la guerrilla no se fuera a aprovechar del cese al fuego para volver a tomarse "las zonas controladas por las AUC", según lo expresó Restrepo.

De esa manera, el Gobierno colombiano, acordó con los "paras" dejarlos "operar defensivamente" en esas denominadas "zonas de frontera". Tal hecho se confirma en varios e-mails enviados y recibidos por el insurgente Carlos Castaño, a los accedió VerdadAbierta.com.

Carlos Castaño, en un e-mail dirigido a su hermano, Vicente Castaño, le manifiesta que "la reunión con el Comisionado de Paz fue muy satisfactoria".

Además de resalta en el correo que Restrepo les hizo "un claro reconocimiento político". Tal frase además reveló que las conversaciones entre el Gobierno y las AUC se desarrollaron incluso tiempo atrás; pues los paramilitares llevaron a la reunión del 12 de noviembre un borrador en el que exigían al Ejecutivo, que las "reconocerieran como un actor armado del conflicto político y social" del país.

Castaño también le comentó a su hermano que parte del compromiso que acordaron con el Gobierno era decretar a partir del primero de diciembre el cese de hostilidades y que sólo lo iban a anunciar hasta el 29 de noviembre de ese 2002, "pues hacerlo desde ahora sería alertar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que preparen su arremetida a nuestras zonas".

De las conversaciones a los hechos

Efectivamente el 29 de noviembre de 2002 las AUC anunciaron el cese de hostilidades. De acuerdo con el proceso de desmovilización, descrito por Restrepo, seguiría la aplicación de las otras dos fases, es decir, la entrada del Ejército a las zonas de los paramilitares, mientras estos seguirían sus prácticas en las "zonas de frontera", y por último, el desarme que fue acompañado por la conocida como Ley de Justicia y Paz.

La desmovilización se concretó, según el Gobierno, tras la ley 975, también llamada "Ley de justicia y paz", un instrumento aupado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe y aprobado por el Congreso colombiano, que impone condenas de 5 a 8 años por delitos graves incursionados por paramilitares como masacres y secuestros.

De acuerdo con abogado defensor de los Derechos Humanos en Colombia, Jorge Molano, entrevistado por teleSUR, "la Corte constitucional hizo algunas modificaciones de los delitos (...) pero sigue siendo una ley (975) demasiado benigna".

En la actualidad, un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) denunció un fortalecimiento de la guerrilla colombiana durante los últimos dos años, a la par de una intensificación del fenómeno del paramilitarismo.

Para el CICR las AUC han resurgido después del año 2006. Se trata de paramilitares pero con otro nombre, "ahora se les llama "Bacrim" (bandas criminales)", sentenció Christophe Beney, jefe de la delegación en Colombia del CICR, en la presentación de su informe anual, este lunes.

Mientras que con respecto a la guerrilla, dijo: "Las FARC se adaptan de forma dinámica (…) y tienen de nuevo una capacidad (…) para continuar siendo un actor importante".

"Pensamos que en relación con 2006, 2007 y 2008 hay un recrudecimiento de las consecuencias del conflicto armado en Colombia", puntualizó.

http://www.voltairenet.org/article165210.html

martes, 20 de abril de 2010

Javier Lozano Alarcon exponiendo su Reforma Laboral en la Junta de Consejo COPARMEX del 11 de marzo de 2010

Resolutivo general del Foro de análisis del 12, 13 y 14 de abril sobre el Proyecto de Reforma Laboral presentado por el Partido Acción Nacional

Resolutivo general del Foro de análisis del 12, 13 y 14 de abril sobre el Proyecto de Reforma Laboral presentado por el Partido Acción Nacional

El proyecto panista intenta legalizar lo ilegal, de este modo se pretende trastocar y nulificar derechos inalienables de los trabajadores mexicanos.


Después de realizar un concienzudo análisis de la propuesta de reforma laboral presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), se concluye que:


1.- Dicho proyecto sintetiza las demandas más importantes del empresariado mexicano, especialmente los de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), presentadas en distintos momentos por los abogados de esa cúpula empresarial y retomada por diferentes funcionarios gubernamentales Panistas, destacadamente por Carlos María Abascal Carranza y ahora por Javier Lozano Alarcón.


2.- El proyecto panista intenta llevar a la Ley Federal del Trabajo (LFT) lo que en la práctica ya se viene realizando en los hechos desde hace ya varios años, es decir, intenta legalizar lo ilegal, de este modo se pretende trastocar y nulificar derechos inalienables del proletariado mexicano, tales como: la estabilidad en el empleo, la contratación colectiva, el tiempo de servicios como fuente de derechos, la jornada de 8 horas, el derecho a la sindicalización y a la autonomía e independencia sindicales, el derecho de huelga y el derecho a un salario suficiente entre muchos otros.


3.- La propuesta referida pretende por la vía de la reforma a la LFT, vaciar de contenido al Artículo 123 Constitucional. No es nada novedosa esa intencionalidad política del PAN, así han actuado en otros aspectos, como en la Industria Petrolera, la eléctrica, la Seguridad Social, la Educación Publica etc., es decir, mediante el mecanismo de modificar leyes secundarias y/o reglamentarias se contraviene el Texto Constitucional, para después señalar que “habría que adecuar la Carta Magna a lo establecido en las leyes”, claro ya reformadas, trastocando de paso, al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que esta es la Ley Suprema de toda la Nación.


4.- Acción Nacional pretende esconder que en el fondo “su propuesta” intenta ofrecer la fuerza de trabajo mexicana en charola de plata a los inversionistas nacionales y extranjeros. Esto es, la profundización de la explotación intensiva y extensiva de nuestra fuerza de trabajo, y con ello, la maximización de la extracción de la plusvalía generada por los trabajadores, es decir, multiplicar las tasas de ganancia y una mayor acumulación de capital, para una oligarquía insaciable y rapaz.


5.- En tal sentido, este Foro se pronuncia por:


a) El rechazo total y absoluto a ese proyecto patronal-panista de reforma a la LFT, para lo cual, llamamos a todos los trabajadores y las direcciones sindicales; a organizarnos desde la base de nuestros sindicatos; a organizarlos ahí donde no los haya; a establecer coordinaciones locales, estatales y a nivel nacional; a preparar un gran encuentro nacional de todos los referentes gremiales y sindicales, y sobre todo, a movilizarnos intensiva y masivamente para detener este gravísimo atentado contra la clase trabajadora en su conjunto.


b) Trabajar de manera coordinada para que las organizaciones sindicales podamos elaborar una propuesta de reforma laboral progresiva y a favor de los trabajadores, a partir de condiciones mínimas como lo es: el respeto absoluto y aplicación inmediata de la Legalidad Constitucional en materia laboral y la solución inmediata a los actuales conflictos sindicales actuales, entre ellos, los de los mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco y del Sindicato Mexicano de Electricistas.


c) Exigir la inmediata renuncia de Javier Lozano Alarcón de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, por ser un factor de confrontación social en virtud de ser un funcionario absolutamente parcial a los intereses de la clase dominante y de perjuicio a la clase trabajadora.


d) Establecer una alianza de largo aliento entre los trabajadores sindicalizados y los trabajadores sin salario patronal, los cuales desde ahora, anuncian que se suman a la lucha en defensa de la LFT, con sus propias demandas justas y legítimas.


6.- De manera inmediata, llamamos a todos los trabajadores a organizar el próximo primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, como una gran jornada nacional de protesta y rechazo a la reforma patronal-panista y por la exigencia del cumplimiento irrestricto de lo establecido en el Artículo 123 Constitucional y en la LFT.


7.- Finalmente, nos solidarizamos total y firmemente; con los compañeros mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco y con los camaradas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Al mismo tiempo, que exigimos la inmediata solución a dichos conflictos con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la LFT.


Fraternalmente
Secretaria del Exterior
Sindicato Mexicano de Electricistas

lunes, 12 de abril de 2010

[Revista Contralínea] El año de Hidalgo en Luz y Fuerza del Centro

El año de Hidalgo en Luz y Fuerza del Centro

Ana Lilia Pérez

11 Abril 2010


Al mando de Jorge Gutiérrez Vera, los directivos de Luz y Fuerza del Centro desviaron, en los últimos meses de su administración, recursos públicos; duplicaron el costo de proyectos y adquisiciones; hicieron pagos irregulares a contratistas, y manejaron discrecionalmente los millonarios ingresos que la compañía obtuvo por el suministro de energía eléctrica a particulares, revela la Auditoría Superior de la Federación en la última revisión que hizo a la extinta paraestatal


La noche del 10 de octubre de 2009, con la ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Felipe Calderón sepultó la posibilidad de conocer a detalle el manejo de los millonarios recursos públicos que la compañía operó entre el 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de aquel fin de semana en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial de su extinción.


En el momento en que Calderón decidió desaparecer esa paraestatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejecutaba 10 auditorías a las áreas y programas más importantes, revisiones suspendidas la misma noche en que la Policía Federal Preventiva tomó por asalto la compañía.


Se auditaban los programas de Distribución de la Energía Eléctrica; para la Elaboración de Inventarios, la producción y los servicios de fábricas y talleres; para Desarrollar y Construir Sistemas de Distribución en el Distrito Federal y el Estado de México; el de Modernización del Parque Vehicular y Equipo Pesado; el de Sustitución de los Transformadores y Blindaje de la Red. Se fiscalizaban también los ingresos de los pagos de particulares por el suministro de energía eléctrica, el manejo de recursos en efectivo y en inversiones temporales, además de los egresos presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales”.


La ocupación policiaca de las instalaciones administrativas y operativas impidió que los auditores concluyeran su trabajo: sus equipos de cómputo, papelería, así como la documentación que revisaban a LFC quedaron incautados. Aunque para esos momentos los fiscalizadores ya habían logrado concluir algunas auditorías en las oficinas centrales del llamado Edificio Verónica (en la avenida Melchor Ocampo), las cuales la ASF incluyó dentro de su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 recientemente publicado.


El resultado de tales auditorías evidencia la responsabilidad de la administración de Jorge Gutiérrez Vera en millonarios quebrantos a LFC. Revela lo costoso de la mala planeación en los proyectos medulares, un desmedido sobreejercicio presupuestal, pagos en demasía a terceros, desvío de recursos y peculado, un uso y abuso de millonarios recursos de la paraestatal que, sin duda, contribuyeron a la “quiebra” aludida por Felipe Calderón.


Ante tales hallazgos, el órgano máximo de fiscalización del país solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrir las investigaciones en contra de los funcionarios responsables, en su mayoría, directivos “de confianza” encabezados por Gutiérrez Vera.


Las auditorías

La ASF auditó los recursos en efectivo y las inversiones temporales que manejó la Subdirección de Finanzas de LFC, a cargo de José María Rivera. En 2008, manejó 3 mil 703 millones de pesos en cuatro cuentas: una de inversión por 3 mil 666 millones, otra de fondos fijos por 2 millones 554 mil pesos, una de fondo remesas extraordinarias por 13 millones 369 mil pesos, y una “caja confidencial” por 20 millones 704 mil pesos.


A juicio de la ASF, el subdirector manejó los recursos con deficiencias en el control interno e irregularidades administrativas. Por ejemplo, descubrió que la Subdirección de Finanzas utilizó cuentas contables que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda: para “Préstamo de Garantía Antigüedad Sindicalizada, “Anticipos gastos funeral”, “Otros anticipos”, “Salarios no cobrados”, “Anticipos por vacaciones”.


En esta área, la Coordinación de Remuneraciones y Presentaciones al Personal de Confianza manejaba una “caja confidencial” –que a diciembre de 2008, tenía un saldo de 20 mil 704 millones de pesos–. De ésta se hacían transferencias bancarias a personal activo y jubilados, préstamos a cuenta de antigüedad, pensiones alimenticias, finiquitos, liquidaciones y laudos, principalmente. En tales operaciones, la ASF acreditó transferencias irregulares que contravienen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), por ello, solicitó al Órgano Interno de Control abrir las indagatorias respectivas.


La auditoría evidencia un verdadero caos fiscal en el manejo financiero de LFC. Por ejemplo, ninguno de sus registros contables ni estados financieros recibió el visto bueno de la SHCP. Apenas intervenida LFC, Felipe Calderón dispuso clasificar como confidencial toda la información y documentación de la compañía.


La misma Subdirección manejó una cuenta de “Bancos Fondos de Inversión”, en la cual el dinero de LFC se invirtió sin que hubiese una estrategia financiera. Para el 31 de diciembre de 2008, presentaba un saldo de 3 mil 666 millones de pesos en 10 cuentas en HSBC, Santander, Banorte, Ixe, Bancomext, y en las instituciones financieras Monex Inversiones, ING Inversiones, Accival y GB.


Descubrió que no había documento ni análisis que justificara la estrategia financiera de los directivos de LFC para tales inversiones. Tampoco información sobre tasas de liquidez, interés, solvencia, incertidumbre, inflación, condiciones de mercado y vialidad de las inversiones en las instituciones financieras.


Tampoco había indicadores que permitieran verificar en qué medida la estrategia financiera, adoptada por la Subdirección de Finanzas, fue adecuada, considerando la naturaleza de la operación, factores externos objetivos cualitativos y cuantitativos, y cumplimiento de metas. Por ello, la ASF determinó que el subdirector violó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.


En algunos fondos se hizo uso de recursos bajo el argumento de que se trataba de “gastos menores, urgentes e inaplazables”, sin que existiera el soporte documental que lo acreditara. Respecto del uso de chequeras, se encontró que no había una actualización de autorizaciones para de fondos, destinadas a pagos menores de proveedores.


De la “caja chica”, utilizada para cubrir sueldos no reclamados, gastos de trabajo, anticipos de salario, pensión alimenticia, entre otros, se encontraron erogaciones sin la comprobación debida.


Por ejemplo, sin tener la autorización correspondiente, el 29 de octubre de 2008 los directivos dispusieron de 1 millón de pesos para un “operativo emergente llevado a cabo con motivo de la posible suspensión de labores masivas de los operativos de clase A”. En el manejo de estos recursos, no hubo evidencia operativa ni control de los gastos; en algunas facturas que se presentaron a cuenta de este gasto, se encontraron artículos no justificados; por ello, la ASF pidió al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), en su carácter de liquidador de LFC, revisar este caso.


Sobreejercicio presupuestal

Dentro de los proyectos de inversión de LFC, la SHCP le autorizó 467 millones de pesos para “desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal”. El proyecto consistía en instalar transformadores, construir alimentadores para la red de distribución y sustituir equipo obsoleto. Los directivos gastaron 580 millones de pesos, por lo que la ASF determinó un sobreejercicio de 113 millones de pesos “como resultado de una mala planeación del ejercicio del gasto”.


Pidió a la SFP fincar responsabilidades a los funcionarios que violaron la Ley de Obras Públicas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque además, a cuenta de este mismo proyecto, se pagaron 14 contratos de adquisiciones sin la autorización presupuestal correspondiente.


En el proyecto de desarrollo y construcción de los sistemas de distribución en el Estado de México, se descubrieron irregularidades en el manejo presupuestal, en los procesos de licitación, en la adjudicación de los contratos y un daño patrimonial de 127 millones de pesos.


El proyecto costaría 267 millones de pesos, según explicaron los directivos de LFC ante la SHCP, la cual les autorizó dicho monto. LFC comprobó un gasto de 189 millones, pero no pudo acreditar el destino de los otros 78 millones 406 mil 868 pesos. La ASF dictaminó daño patrimonial por esa cantidad.


El proyecto para “Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México” consistió en instalar transformadores y construir alimentadores para la red de distribución, además de sustituir el equipo obsoleto. Durante su desarrollo, hubo mala planeación, subejercicio, sobreprecios, entre otras irregularidades. En 26 contratos con terceros para adquisiciones y obra relacionadas con este proyecto, no se incluyó la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso de pagos.


Ya en la ejecución hubo gastos “inflados”. Por ejemplo, el “cambio de voltaje” costaría 3 millones 110 mil pesos, pero los directivos de LFC dijeron que gastaron 8 millones 401 mil pesos. La mano de obra costaría 110 millones de pesos, pero se gastaron 180 millones 706 mil pesos; de éstos no hubo comprobación documental por 48 millones 808 mil 262 pesos; por ello, la ASF determinó un daño patrimonial por esta última cantidad y pidió a la SFP fincar las responsabilidades administrativas sancionatorias.


El proyecto de sustitución y blindaje de la red -que tenía por objeto disminuir las pérdidas de energía por medio de la sustitución de transformadores aéreos de gran capacidad por transformadores de bajas capacidades asociados con la reducción de la longitud de las redes de baja tensión-, costaría 97 millones de pesos, que autorizó la SHCP. Los directivos de LFC gastaron 119 millones 705 mil pesos.


La ASF dictaminó que hubo un sobreejercicio de 21 millones 798 mil pesos, “derivado de una mala planeación del ejercicio del gasto sin la autorización correspondiente y sin la acreditación de haberlo informado en su oportunidad a la Secretaría de Hacienda”.


Además, al auditar el pagó por mano de obra, la ASF no pudo comprobar tales pagos, así que se determinó que hubo un daño patrimonial por los 59 millones 383 mil 164 pesos. En este caso se acreditaron violaciones a la Ley de Obra Pública y a la LFPRH.


En las adquisiciones que LFC hizo en 2008, se detectaron siete contratos que se habían pactado un año atrás, cuyo monto ascendió a 4 millones 129 mil pesos, con fecha de compromiso de entrega para ese mismo año. LFC no pudo justificar el atraso, que en algunos casos debieron rescindirse. En otros, no impuso las penalizaciones correspondientes. Por ejemplo, por los atrasos en sus entregas, a Prolec GE Internacional, se le penalizó por sólo siete días, en lugar de 21.


Compras sospechosas

De los gastos que a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de la liquidación de LFC se hicieron a cuenta de los “Fondos fijos”, se descubrieron numerosas compras realizadas por adjudicación directa, aunque el monto obligaba a los funcionarios a licitarlas, pero además, en muchas de ellas se pagó dos y hasta tres veces más de lo autorizado.


Por ejemplo, en papelería y artículos de oficina se gastaron 8 millones 393 mil 100 pesos, contra 2 millones 300 mil pesos autorizados, es decir, gastaron 300 por ciento más de lo aprobado por Hacienda. En artículos de cómputo, 776 mil 300 pesos, contra lo autorizado de 330 mil. Compra de garrafones de agua por 4 millones 377 mil pesos, cuando era de 2 millones 300 mil.


En utensilios de limpieza, 3 millones 402 mil 800 pesos, contra 2 millones 300 mil autorizados. Compra de refacciones por 2 millones 819 mil 400 pesos, 500 mil pesos más. En lubricantes y aditivos de vehículos, 773 mil pesos, contra 330 mil.


Más pérdidas

El 14 de noviembre de 2005, Luz y Fuerza compró a General Electric International Operations Company 14 plantas generadoras de energía eléctrica. La adquisición incluía el mantenimiento “en garantía” (preventivo y correctivo), por el que se pagaron 770 millones de pesos. Hasta el momento de auditar el contrato (agosto de 2009), el mantenimiento no se había proporcionado.


Dos de las 14 plantas (Coapa y Aragón), no entraron en operación comercial, ello por deficiencias acreditadas a General Electric, ya que los estudios de suelo “no fueron los adecuados”, para ambos casos, porque al instalarse, la planta no funcionó.


Al analizar los egresos del rubro “Servicios generales”, que durante el último año de operación de LFC manejó 1 mil 391 millones de pesos, se detectaron “debilidades y deficiencias” en el control interno.


A cuenta de éste, se compraron licencias de software a Microsoft, pero los auditores de la ASF no pudieron identificar en qué equipos de instalaron. De la misma partida se pagaron los seguros de bienes muebles e inmuebles contratados con Inbursa; Grupo Financiero Inbursa, y Axxa. Se descubrió que, irregularmente, se adquirieron tomando como base un avalúo de los bienes muebles e inmuebles en 2005 y no al 2008, que era el que correspondía, lo cual repercutirá, a juicio de la ASF, “en una recuperación menor de los bienes asegurados”.


Vigilancia, fuga de recursos

De la partida presupuestal de “Servicios generales” se pagó también el servicio de vigilancia contratado a corporaciones policiacas. En nueve contratos vigentes desde 2007, se aplicaron montos adicionales “sin la debida justificación”, hasta por el 45 por ciento más del pactado en el contrato inicial.


En abril de 2006, Contralínea (número 53) documentó diversas irregularidades en los servicios de vigilancia que LFC contrataba a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal para todas sus instalaciones. En los años posteriores, las deficiencias continuaron, según lo documentó la ASF en sus auditorías.


Los manuales mediante los que se contrataba el servicio carecían de validez oficial y no contaban con el visto bueno de la “Sugerencia de normatividad” de la Subdirección de Abastecimiento y Transporte ni con la autorización respectiva de la Comisión de Mejora Regulatoria Interna. El programa de supervisión, con el cual operaban las corporaciones policiacas para LFC, tampoco estaba autorizado.


Respecto de los pagos por servicios se revisaron sólo algunos, cuyo monto ascendía a 146 millones de pesos. Se encontró que dicho pago no había sido validado por la Gerencia de Contabilidad de LFC. Los servicios en las instalaciones de LFC en Morelos, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal no habían sido aprobados ni validados para su pago. Además, al revisar algunas pólizas se detectaron pagos en demasía. Por ejemplo, en la subestación Nonoalco, la SSP cobraba por 21 elementos, y sólo laboraban 10. Ante ello, la ASF dictaminó un daño patrimonial que deberá ser investigado por la SFP.


En los últimos años, LFC también contrató a terceros la custodia de valores. La última fue con Banco Santander Mexicano, mediante el contrato SS-013/2008, vigente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008. Se encontró que se le pagó el mismo servicio para los meses de enero a marzo, es decir, cuando el servicio aún no se licitaba.


Al revisar el contrato, los auditores detectaron que carecía de cláusulas relativas a la prohibición de hacer transferencias a cuentas de terceros y la obligación del custodio de enviar mensualmente el detalle de todos los valores gubernamentales a su cargo, es decir, se operó sin que el custodio (Banco Santander) tuviera ninguna responsabilidad sobre los valores que custodiaba. Ante la gravedad, la ASF pidió a la SFP abrir la investigación y fincar las responsabilidades correspondientes.


Irregularidades en inmuebles

Al momento de su extinción, LFC era propietaria de 489 inmuebles. La ASF alcanzó a revisar los expedientes relativos a 75 de ellos, es decir, apenas el 15 por ciento de las propiedades. Algunas de las irregularidades encontradas fueron: la mitad tenía incompleta la escrituración; sólo 47 estaban a nombre de LFC; 31 a nombre de LM Guibara Sucesores Sociedad en Comandita; tres a nombre de la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, uno a nombre de la compañía Hidroeléctrica del Río Alameda.


Todas ellas son las empresas propietarias de los inmuebles antes de que se nacionalizara la industria eléctrica, lo que significa que, pese a que hubo contratos de compra venta, nunca se formalizó la propiedad de todos los inmuebles a nombre de Luz y Fuerza del Centro, incluso tres de ellos estaban a nombre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).


Las escrituras de 34 bienes inmuebles de LFC no contaban con el sello del Registro Público de la Propiedad, y 69 no fueron inscritas al Registro, por lo que los directivos de LFC violaron la Ley General de Bienes Nacionales, el Código Civil Federal y el Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal, dictaminó la ASF.


El mismo desorden era extensivo a todo el registro e inventarios de inmuebles, muebles y plantas de LFC. Al auditar el Programa para la Elaboración de Inventarios, el cual tenía como objetivo acreditar la propiedad, actualizar registros y resguardo de bienes y el inventario de plantas, instalaciones y equipos en operación valuados en 80 mil 806 millones de pesos, la ASF detectó “debilidades” y “deficiencias” en el control interno, ya que la Gerencia de Contabilidad no tenía los inventarios físicos de bienes inmuebles, líneas de distribución y transmisión, equipo de cómputo y telecomunicaciones, y plantas de generación.


Al respecto, en julio de 2008 la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza había señalado la necesidad de que el titular de la dependencia tuviera al día los inventarios en cumplimiento al programa; sin embargo, éstos no se efectuaron, por lo que “se determinó que no se cumplió con las actividades”.


Decreto de opacidad

El carácter de confidencialidad que Calderón Hinojosa le dio a las operaciones administrativas y financieras de LFC tras su extinción contribuyó a la opacidad en torno al manejo que Jorge Gutiérrez Vera dio a los millonarios recursos públicos de la paraestatal y el destino del dinero que no pudo acreditarse. Quedó en el aire información tan relevante como el destino de 2 mil 960 millones de pesos que LFC manejó en el Programa de Distribución de Energía Eléctrica en el ejercicio fiscal 2008.


La ocupación de la PFP impidió también que la ASF auditara las operaciones, registros y movimientos de los 16 mil 35 millones de pesos que ingresaron a la compañía LFC por el pago del suministro de energía eléctrica. La ASF había planteado que constataría si la recaudación se había efectuado oportunamente y si los particulares pagaron el monto correspondiente, cotejándolo con la documentación que LFC poseía en las instalaciones de Melchor Ocampo.


Sobre este tema, en noviembre pasado, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, denunció la existencia de 6 mil 500 “cuentas especiales” de empresas, compañías, embajadas, y diversas áreas de gobierno federal, incluida la residencial oficial de Los Pinos, secretarías de Estado, además de dependencias de gobiernos estatales y municipales que desde hacía años no pagaban energía eléctrica, y reveló los nombres de algunos de los beneficiados.


Éste sería precisamente uno de los rubros que auditaría la ASF, de acuerdo con un oficio que el 2 de septiembre la Auditoría le envió a Gutiérrez Vera. La revisión incluiría identificar a unas 500 empresas a las cuales, según información que poseía la ASF, extraoficialmente se les permitía conectarse a las redes de LFC sin pagar el suministro.


La auditoría comenzó a finales de septiembre. Dos semanas después sería interrumpida por la ocupación policiaca. Dada la relevancia del tema, la directora general jurídica de la ASF solicitó al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que se les permitiera a los auditores concluir su revisión, de acuerdo con documentos remitidos por la ASF el 18 de noviembre. Se les permitió rescatar sus equipos de cómputo, pero no continuar la fiscalización.


La ASF destaca que “no se dieron las condiciones” para auditar las aportaciones de particulares. El decreto de Calderón y la reticencia a la transparencia por parte del equipo, designado por su gobierno para el “Proceso de desincorporación del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, impidieron tener claridad sobre el manejo que Gutiérrez Vera dio a los 16 mil 35 millones que en 2008 ingresaron a las arcas de LFC vía pagos del suministro de energía eléctrica.


Pero no fue el único rubro sin auditar. Durante la ocupación policiaca, el personal de la ASF fiscalizaba los 2 mil 52 millones de pesos que ingresaron por producción y servicios de fábricas y talleres de LFC. La víspera de la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación se detuvo la auditoría. Aunque el jurídico de la ASF pugnó también porque el Sae le permitiera auditar tales recursos, éste se negó. De tal manera que “no se contó con los elementos para cumplir con el objetivo de la auditoría”, resolvió el órgano de vigilancia.


Otra revisión no realizada fue la de los 334 millones 760 mil pesos que se gastaron en la renovación del parque vehicular y el equipo pesado.


Extrañamente Calderón no permitió a la ASF concluir las auditorías y dictámenes para identificar a los responsables de la quiebra que, según dijo, motivó la decisión de liquidarla. Por el contrario, a Gutiérrez Vera y otros directivos de la compañía, como José Antonio Prado Carranza, titular jurídico (excompañero de César Nava Vázquez en la Universidad Panamericana y su exsubordinado en Petróleos Mexicanos), responsables de las observaciones dictaminadas por la ASF, se les otorgaron jugosas liquidaciones.


FUENTE: CONTRALÍNEA 177 / 11 DE ABRIL DE 2010