La huelga de hambre del Sindicato de Electricistas cumple 30 días

La huelga de hambre del Sindicato de Electricistas cumple 30 días

José Antonio Almazán

González

Rebelión

Próxima a cumplir los críticos 30 días, la digna huelga de hambre del Sindicato Mexicano de Electricistas sufre el embate de un gobierno dispuesto a todo para exterminar a un sindicato democrático que constituye un obstáculo formidable para privatizar la industria eléctrica nacionalizada y entregar el multimillonario negocio de la fibra óptica y las redes eléctricas a la oligarquía mexicana y empresas trasnacionales. Por un lado estrechan el cerco informativo con el que se busca acallar las razones de la huelga de hambre, a la par que aceleran los preparativos para encarcelar a los dirigentes del SME, acusándolos de sabotaje, y levantar la huelga para crear las condiciones de un fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo a Felipe Calderón no le salen bien sus cálculos políticos, hoy trastocados por el secuestro del Jefe Diego.

¿Quienes son esos heroicos trabajadores que han resuelto exponer su salud y su vida en una huelga de hambre? En una sencilla encuesta aplicada al inicio de la misma los huelguistas nos dan sus respuestas. Son 80 en el Zócalo de la ciudad de México y 13 en Toluca, con edades que van de los 20 a los 58 años y antigüedades laborales en Luz y Fuerza del Centro que van de los cinco años hasta otros que estaban a la espera de una merecida jubilación. Los huelguistas del SME, 80 hombres y 13 mujeres, son el reflejo fiel de un sindicato con historia y tradición que se niega a rendirse, dispuesto a luchar hasta sus últimas consecuencias, por la vía pacífica; haciendo uso de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero negadas y pisoteadas sistemáticamente por un gobierno cínico y represor.

De los 93 huelguistas del SME la gran mayoría son casados, con dos o tres hijos que dependían económicamente del salario que percibían sus padres y madres, cuyo trabajo les fue arrebatado criminalmente por el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro firmado por Calderón el 11 de octubre de 2009. Todos excelentes trabajadores, expertos técnicos en redes eléctricas, otros ingenieros, oficinistas, operadores de equipo, linieros, mecánicos, ayudantes, operadores de subestaciones, cuya experiencia y formación profesional es menospreciada por Calderón y su pianista fracasado.

Como lo cuentan los huelguistas del SME, al ser despedidos injustificadamente perdieron todo, y sus proyectos de vida, sus sueños y esperanzas, fueron brutalmente trastocados. ¿Cómo han sobrevivido estos más de siete meses los trabajadores que no sucumbieron a la campaña de linchamiento y liquidación voluntaria? La lista es larga: echando mano de los ahorros para los pocos que lo tenían. Vendiendo sus pertenencias personales. Ajustando la dieta, es decir, comiendo menos y de menor calidad nutritiva. Cambiándose a una vivienda más modesta que la que tenían. Vendiendo tortas, jugos, comida, tacos, dulces, cigarros. Haciendo chambitas temporales en la enorme variedad de la llamada economía informal. Contando con el apoyo y solidaridad de la familia. Algunos, muy pocos, consiguiendo otro trabajo, pues la mayoría son rechazados por el simple hecho de haber laborado en Luz y Fuerza del Centro.

¿Qué llevó a las mujeres y los hombres electricistas a tomar la decisión de la huelga de hambre? Para el gobierno la respuesta sigue siendo un misterio, pues ese sentimiento no lo conocen ni comprenden, y menos lo practican, cegados como están por entregar el patrimonio nacional energético. Para los 93 huelguistas del SME, así como para los 18 mil trabajadores no liquidados, la respuesta es muy sencilla. La dignidad. Para no ser pisoteados y humillados. En defensa de sus derechos laborales legítimamente conquistados. Para defender y recuperar su trabajo. Para poder soñar con una vida digna. Para decirle al gobierno represor y antiobrero ¡ya basta!
Si no fuera por esa dignidad y su conciencia de clase como trabajadores agremiados en un sindicato que nació al fragor de la Revolución Mexicana, quizás los cálculos de Calderón y Lozano se hubieran cumplido. Apostaron a una salida violenta y represiva en las primeras horas, días y semanas del golpe fascista. Calcularon que la dignidad electricista podía vencerse a través de una campaña mediática de linchamiento y satanización y una liquidación voluntaria con premio adicional.

El fracaso de la guerra de exterminio en contra del SME está a la vista. Los apagones, fallas, disturbios eléctricos, siguen creciendo en la zona atendida por Luz y Fuerza del Centro. Las empresas contratistas de CFE han mostrado hasta la saciedad su incapacidad para garantizar el suministro normal de energía eléctrica. Cada día que pasa las mentiras de Calderón van saliendo a flote y el ocultamiento deliberado de información para no perder el juicio de amparo promovido por el SME debe ser valorado por la SCJN. La campaña para acusar al SME de sabotaje viene a menos, enterada la opinión pública de que el sabotaje lo propicia el gobierno federal con su impericia y falta de atención a las 22 zonas críticas de LFC. Por el contrario, a más de siete meses del golpe artero, lo que brilla en el Zócalo de la ciudad de México es la dignidad electricista, expresada en la huelga de hambre masiva.

[Revista Contralínea] El año de Hidalgo en Luz y Fuerza del Centro

El año de Hidalgo en Luz y Fuerza del Centro

Ana Lilia Pérez

11 Abril 2010

Al mando de Jorge Gutiérrez Vera, los directivos de Luz y Fuerza del Centro desviaron, en los últimos meses de su administración, recursos públicos; duplicaron el costo de proyectos y adquisiciones; hicieron pagos irregulares a contratistas, y manejaron discrecionalmente los millonarios ingresos que la compañía obtuvo por el suministro de energía eléctrica a particulares, revela la Auditoría Superior de la Federación en la última revisión que hizo a la extinta paraestatal

La noche del 10 de octubre de 2009, con la ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Felipe Calderón sepultó la posibilidad de conocer a detalle el manejo de los millonarios recursos públicos que la compañía operó entre el 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de aquel fin de semana en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial de su extinción.

En el momento en que Calderón decidió desaparecer esa paraestatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejecutaba 10 auditorías a las áreas y programas más importantes, revisiones suspendidas la misma noche en que la Policía Federal Preventiva tomó por asalto la compañía.

Se auditaban los programas de Distribución de la Energía Eléctrica; para la Elaboración de Inventarios, la producción y los servicios de fábricas y talleres; para Desarrollar y Construir Sistemas de Distribución en el Distrito Federal y el Estado de México; el de Modernización del Parque Vehicular y Equipo Pesado; el de Sustitución de los Transformadores y Blindaje de la Red. Se fiscalizaban también los ingresos de los pagos de particulares por el suministro de energía eléctrica, el manejo de recursos en efectivo y en inversiones temporales, además de los egresos presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales”.

La ocupación policiaca de las instalaciones administrativas y operativas impidió que los auditores concluyeran su trabajo: sus equipos de cómputo, papelería, así como la documentación que revisaban a LFC quedaron incautados. Aunque para esos momentos los fiscalizadores ya habían logrado concluir algunas auditorías en las oficinas centrales del llamado Edificio Verónica (en la avenida Melchor Ocampo), las cuales la ASF incluyó dentro de su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 recientemente publicado.

El resultado de tales auditorías evidencia la responsabilidad de la administración de Jorge Gutiérrez Vera en millonarios quebrantos a LFC. Revela lo costoso de la mala planeación en los proyectos medulares, un desmedido sobreejercicio presupuestal, pagos en demasía a terceros, desvío de recursos y peculado, un uso y abuso de millonarios recursos de la paraestatal que, sin duda, contribuyeron a la “quiebra” aludida por Felipe Calderón.

Ante tales hallazgos, el órgano máximo de fiscalización del país solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrir las investigaciones en contra de los funcionarios responsables, en su mayoría, directivos “de confianza” encabezados por Gutiérrez Vera.

Las auditorías

La ASF auditó los recursos en efectivo y las inversiones temporales que manejó la Subdirección de Finanzas de LFC, a cargo de José María Rivera. En 2008, manejó 3 mil 703 millones de pesos en cuatro cuentas: una de inversión por 3 mil 666 millones, otra de fondos fijos por 2 millones 554 mil pesos, una de fondo remesas extraordinarias por 13 millones 369 mil pesos, y una “caja confidencial” por 20 millones 704 mil pesos.

A juicio de la ASF, el subdirector manejó los recursos con deficiencias en el control interno e irregularidades administrativas. Por ejemplo, descubrió que la Subdirección de Finanzas utilizó cuentas contables que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda: para “Préstamo de Garantía Antigüedad Sindicalizada, “Anticipos gastos funeral”, “Otros anticipos”, “Salarios no cobrados”, “Anticipos por vacaciones”.

En esta área, la Coordinación de Remuneraciones y Presentaciones al Personal de Confianza manejaba una “caja confidencial” –que a diciembre de 2008, tenía un saldo de 20 mil 704 millones de pesos–. De ésta se hacían transferencias bancarias a personal activo y jubilados, préstamos a cuenta de antigüedad, pensiones alimenticias, finiquitos, liquidaciones y laudos, principalmente. En tales operaciones, la ASF acreditó transferencias irregulares que contravienen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), por ello, solicitó al Órgano Interno de Control abrir las indagatorias respectivas.

La auditoría evidencia un verdadero caos fiscal en el manejo financiero de LFC. Por ejemplo, ninguno de sus registros contables ni estados financieros recibió el visto bueno de la SHCP. Apenas intervenida LFC, Felipe Calderón dispuso clasificar como confidencial toda la información y documentación de la compañía.

La misma Subdirección manejó una cuenta de “Bancos Fondos de Inversión”, en la cual el dinero de LFC se invirtió sin que hubiese una estrategia financiera. Para el 31 de diciembre de 2008, presentaba un saldo de 3 mil 666 millones de pesos en 10 cuentas en HSBC, Santander, Banorte, Ixe, Bancomext, y en las instituciones financieras Monex Inversiones, ING Inversiones, Accival y GB.

Descubrió que no había documento ni análisis que justificara la estrategia financiera de los directivos de LFC para tales inversiones. Tampoco información sobre tasas de liquidez, interés, solvencia, incertidumbre, inflación, condiciones de mercado y vialidad de las inversiones en las instituciones financieras.

Tampoco había indicadores que permitieran verificar en qué medida la estrategia financiera, adoptada por la Subdirección de Finanzas, fue adecuada, considerando la naturaleza de la operación, factores externos objetivos cualitativos y cuantitativos, y cumplimiento de metas. Por ello, la ASF determinó que el subdirector violó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En algunos fondos se hizo uso de recursos bajo el argumento de que se trataba de “gastos menores, urgentes e inaplazables”, sin que existiera el soporte documental que lo acreditara. Respecto del uso de chequeras, se encontró que no había una actualización de autorizaciones para de fondos, destinadas a pagos menores de proveedores.

De la “caja chica”, utilizada para cubrir sueldos no reclamados, gastos de trabajo, anticipos de salario, pensión alimenticia, entre otros, se encontraron erogaciones sin la comprobación debida.

Por ejemplo, sin tener la autorización correspondiente, el 29 de octubre de 2008 los directivos dispusieron de 1 millón de pesos para un “operativo emergente llevado a cabo con motivo de la posible suspensión de labores masivas de los operativos de clase A”. En el manejo de estos recursos, no hubo evidencia operativa ni control de los gastos; en algunas facturas que se presentaron a cuenta de este gasto, se encontraron artículos no justificados; por ello, la ASF pidió al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), en su carácter de liquidador de LFC, revisar este caso.

Sobreejercicio presupuestal

Dentro de los proyectos de inversión de LFC, la SHCP le autorizó 467 millones de pesos para “desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal”. El proyecto consistía en instalar transformadores, construir alimentadores para la red de distribución y sustituir equipo obsoleto. Los directivos gastaron 580 millones de pesos, por lo que la ASF determinó un sobreejercicio de 113 millones de pesos “como resultado de una mala planeación del ejercicio del gasto”.

Pidió a la SFP fincar responsabilidades a los funcionarios que violaron la Ley de Obras Públicas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque además, a cuenta de este mismo proyecto, se pagaron 14 contratos de adquisiciones sin la autorización presupuestal correspondiente.

En el proyecto de desarrollo y construcción de los sistemas de distribución en el Estado de México, se descubrieron irregularidades en el manejo presupuestal, en los procesos de licitación, en la adjudicación de los contratos y un daño patrimonial de 127 millones de pesos.

El proyecto costaría 267 millones de pesos, según explicaron los directivos de LFC ante la SHCP, la cual les autorizó dicho monto. LFC comprobó un gasto de 189 millones, pero no pudo acreditar el destino de los otros 78 millones 406 mil 868 pesos. La ASF dictaminó daño patrimonial por esa cantidad.

El proyecto para “Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México” consistió en instalar transformadores y construir alimentadores para la red de distribución, además de sustituir el equipo obsoleto. Durante su desarrollo, hubo mala planeación, subejercicio, sobreprecios, entre otras irregularidades. En 26 contratos con terceros para adquisiciones y obra relacionadas con este proyecto, no se incluyó la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso de pagos.

Ya en la ejecución hubo gastos “inflados”. Por ejemplo, el “cambio de voltaje” costaría 3 millones 110 mil pesos, pero los directivos de LFC dijeron que gastaron 8 millones 401 mil pesos. La mano de obra costaría 110 millones de pesos, pero se gastaron 180 millones 706 mil pesos; de éstos no hubo comprobación documental por 48 millones 808 mil 262 pesos; por ello, la ASF determinó un daño patrimonial por esta última cantidad y pidió a la SFP fincar las responsabilidades administrativas sancionatorias.

El proyecto de sustitución y blindaje de la red -que tenía por objeto disminuir las pérdidas de energía por medio de la sustitución de transformadores aéreos de gran capacidad por transformadores de bajas capacidades asociados con la reducción de la longitud de las redes de baja tensión-, costaría 97 millones de pesos, que autorizó la SHCP. Los directivos de LFC gastaron 119 millones 705 mil pesos.

La ASF dictaminó que hubo un sobreejercicio de 21 millones 798 mil pesos, “derivado de una mala planeación del ejercicio del gasto sin la autorización correspondiente y sin la acreditación de haberlo informado en su oportunidad a la Secretaría de Hacienda”.

Además, al auditar el pagó por mano de obra, la ASF no pudo comprobar tales pagos, así que se determinó que hubo un daño patrimonial por los 59 millones 383 mil 164 pesos. En este caso se acreditaron violaciones a la Ley de Obra Pública y a la LFPRH.

En las adquisiciones que LFC hizo en 2008, se detectaron siete contratos que se habían pactado un año atrás, cuyo monto ascendió a 4 millones 129 mil pesos, con fecha de compromiso de entrega para ese mismo año. LFC no pudo justificar el atraso, que en algunos casos debieron rescindirse. En otros, no impuso las penalizaciones correspondientes. Por ejemplo, por los atrasos en sus entregas, a Prolec GE Internacional, se le penalizó por sólo siete días, en lugar de 21.

Compras sospechosas

De los gastos que a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de la liquidación de LFC se hicieron a cuenta de los “Fondos fijos”, se descubrieron numerosas compras realizadas por adjudicación directa, aunque el monto obligaba a los funcionarios a licitarlas, pero además, en muchas de ellas se pagó dos y hasta tres veces más de lo autorizado.

Por ejemplo, en papelería y artículos de oficina se gastaron 8 millones 393 mil 100 pesos, contra 2 millones 300 mil pesos autorizados, es decir, gastaron 300 por ciento más de lo aprobado por Hacienda. En artículos de cómputo, 776 mil 300 pesos, contra lo autorizado de 330 mil. Compra de garrafones de agua por 4 millones 377 mil pesos, cuando era de 2 millones 300 mil.

En utensilios de limpieza, 3 millones 402 mil 800 pesos, contra 2 millones 300 mil autorizados. Compra de refacciones por 2 millones 819 mil 400 pesos, 500 mil pesos más. En lubricantes y aditivos de vehículos, 773 mil pesos, contra 330 mil.

Más pérdidas

El 14 de noviembre de 2005, Luz y Fuerza compró a General Electric International Operations Company 14 plantas generadoras de energía eléctrica. La adquisición incluía el mantenimiento “en garantía” (preventivo y correctivo), por el que se pagaron 770 millones de pesos. Hasta el momento de auditar el contrato (agosto de 2009), el mantenimiento no se había proporcionado.

Dos de las 14 plantas (Coapa y Aragón), no entraron en operación comercial, ello por deficiencias acreditadas a General Electric, ya que los estudios de suelo “no fueron los adecuados”, para ambos casos, porque al instalarse, la planta no funcionó.

Al analizar los egresos del rubro “Servicios generales”, que durante el último año de operación de LFC manejó 1 mil 391 millones de pesos, se detectaron “debilidades y deficiencias” en el control interno.

A cuenta de éste, se compraron licencias de software a Microsoft, pero los auditores de la ASF no pudieron identificar en qué equipos de instalaron. De la misma partida se pagaron los seguros de bienes muebles e inmuebles contratados con Inbursa; Grupo Financiero Inbursa, y Axxa. Se descubrió que, irregularmente, se adquirieron tomando como base un avalúo de los bienes muebles e inmuebles en 2005 y no al 2008, que era el que correspondía, lo cual repercutirá, a juicio de la ASF, “en una recuperación menor de los bienes asegurados”.

Vigilancia, fuga de recursos

De la partida presupuestal de “Servicios generales” se pagó también el servicio de vigilancia contratado a corporaciones policiacas. En nueve contratos vigentes desde 2007, se aplicaron montos adicionales “sin la debida justificación”, hasta por el 45 por ciento más del pactado en el contrato inicial.

En abril de 2006, Contralínea (número 53) documentó diversas irregularidades en los servicios de vigilancia que LFC contrataba a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal para todas sus instalaciones. En los años posteriores, las deficiencias continuaron, según lo documentó la ASF en sus auditorías.

Los manuales mediante los que se contrataba el servicio carecían de validez oficial y no contaban con el visto bueno de la “Sugerencia de normatividad” de la Subdirección de Abastecimiento y Transporte ni con la autorización respectiva de la Comisión de Mejora Regulatoria Interna. El programa de supervisión, con el cual operaban las corporaciones policiacas para LFC, tampoco estaba autorizado.

Respecto de los pagos por servicios se revisaron sólo algunos, cuyo monto ascendía a 146 millones de pesos. Se encontró que dicho pago no había sido validado por la Gerencia de Contabilidad de LFC. Los servicios en las instalaciones de LFC en Morelos, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal no habían sido aprobados ni validados para su pago. Además, al revisar algunas pólizas se detectaron pagos en demasía. Por ejemplo, en la subestación Nonoalco, la SSP cobraba por 21 elementos, y sólo laboraban 10. Ante ello, la ASF dictaminó un daño patrimonial que deberá ser investigado por la SFP.

En los últimos años, LFC también contrató a terceros la custodia de valores. La última fue con Banco Santander Mexicano, mediante el contrato SS-013/2008, vigente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008. Se encontró que se le pagó el mismo servicio para los meses de enero a marzo, es decir, cuando el servicio aún no se licitaba.

Al revisar el contrato, los auditores detectaron que carecía de cláusulas relativas a la prohibición de hacer transferencias a cuentas de terceros y la obligación del custodio de enviar mensualmente el detalle de todos los valores gubernamentales a su cargo, es decir, se operó sin que el custodio (Banco Santander) tuviera ninguna responsabilidad sobre los valores que custodiaba. Ante la gravedad, la ASF pidió a la SFP abrir la investigación y fincar las responsabilidades correspondientes.

Irregularidades en inmuebles

Al momento de su extinción, LFC era propietaria de 489 inmuebles. La ASF alcanzó a revisar los expedientes relativos a 75 de ellos, es decir, apenas el 15 por ciento de las propiedades. Algunas de las irregularidades encontradas fueron: la mitad tenía incompleta la escrituración; sólo 47 estaban a nombre de LFC; 31 a nombre de LM Guibara Sucesores Sociedad en Comandita; tres a nombre de la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, uno a nombre de la compañía Hidroeléctrica del Río Alameda.

Todas ellas son las empresas propietarias de los inmuebles antes de que se nacionalizara la industria eléctrica, lo que significa que, pese a que hubo contratos de compra venta, nunca se formalizó la propiedad de todos los inmuebles a nombre de Luz y Fuerza del Centro, incluso tres de ellos estaban a nombre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las escrituras de 34 bienes inmuebles de LFC no contaban con el sello del Registro Público de la Propiedad, y 69 no fueron inscritas al Registro, por lo que los directivos de LFC violaron la Ley General de Bienes Nacionales, el Código Civil Federal y el Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal, dictaminó la ASF.

El mismo desorden era extensivo a todo el registro e inventarios de inmuebles, muebles y plantas de LFC. Al auditar el Programa para la Elaboración de Inventarios, el cual tenía como objetivo acreditar la propiedad, actualizar registros y resguardo de bienes y el inventario de plantas, instalaciones y equipos en operación valuados en 80 mil 806 millones de pesos, la ASF detectó “debilidades” y “deficiencias” en el control interno, ya que la Gerencia de Contabilidad no tenía los inventarios físicos de bienes inmuebles, líneas de distribución y transmisión, equipo de cómputo y telecomunicaciones, y plantas de generación.

Al respecto, en julio de 2008 la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza había señalado la necesidad de que el titular de la dependencia tuviera al día los inventarios en cumplimiento al programa; sin embargo, éstos no se efectuaron, por lo que “se determinó que no se cumplió con las actividades”.

Decreto de opacidad

El carácter de confidencialidad que Calderón Hinojosa le dio a las operaciones administrativas y financieras de LFC tras su extinción contribuyó a la opacidad en torno al manejo que Jorge Gutiérrez Vera dio a los millonarios recursos públicos de la paraestatal y el destino del dinero que no pudo acreditarse. Quedó en el aire información tan relevante como el destino de 2 mil 960 millones de pesos que LFC manejó en el Programa de Distribución de Energía Eléctrica en el ejercicio fiscal 2008.

La ocupación de la PFP impidió también que la ASF auditara las operaciones, registros y movimientos de los 16 mil 35 millones de pesos que ingresaron a la compañía LFC por el pago del suministro de energía eléctrica. La ASF había planteado que constataría si la recaudación se había efectuado oportunamente y si los particulares pagaron el monto correspondiente, cotejándolo con la documentación que LFC poseía en las instalaciones de Melchor Ocampo.

Sobre este tema, en noviembre pasado, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, denunció la existencia de 6 mil 500 “cuentas especiales” de empresas, compañías, embajadas, y diversas áreas de gobierno federal, incluida la residencial oficial de Los Pinos, secretarías de Estado, además de dependencias de gobiernos estatales y municipales que desde hacía años no pagaban energía eléctrica, y reveló los nombres de algunos de los beneficiados.

Éste sería precisamente uno de los rubros que auditaría la ASF, de acuerdo con un oficio que el 2 de septiembre la Auditoría le envió a Gutiérrez Vera. La revisión incluiría identificar a unas 500 empresas a las cuales, según información que poseía la ASF, extraoficialmente se les permitía conectarse a las redes de LFC sin pagar el suministro.

La auditoría comenzó a finales de septiembre. Dos semanas después sería interrumpida por la ocupación policiaca. Dada la relevancia del tema, la directora general jurídica de la ASF solicitó al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que se les permitiera a los auditores concluir su revisión, de acuerdo con documentos remitidos por la ASF el 18 de noviembre. Se les permitió rescatar sus equipos de cómputo, pero no continuar la fiscalización.

La ASF destaca que “no se dieron las condiciones” para auditar las aportaciones de particulares. El decreto de Calderón y la reticencia a la transparencia por parte del equipo, designado por su gobierno para el “Proceso de desincorporación del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, impidieron tener claridad sobre el manejo que Gutiérrez Vera dio a los 16 mil 35 millones que en 2008 ingresaron a las arcas de LFC vía pagos del suministro de energía eléctrica.

Pero no fue el único rubro sin auditar. Durante la ocupación policiaca, el personal de la ASF fiscalizaba los 2 mil 52 millones de pesos que ingresaron por producción y servicios de fábricas y talleres de LFC. La víspera de la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación se detuvo la auditoría. Aunque el jurídico de la ASF pugnó también porque el Sae le permitiera auditar tales recursos, éste se negó. De tal manera que “no se contó con los elementos para cumplir con el objetivo de la auditoría”, resolvió el órgano de vigilancia.

Otra revisión no realizada fue la de los 334 millones 760 mil pesos que se gastaron en la renovación del parque vehicular y el equipo pesado.

Extrañamente Calderón no permitió a la ASF concluir las auditorías y dictámenes para identificar a los responsables de la quiebra que, según dijo, motivó la decisión de liquidarla. Por el contrario, a Gutiérrez Vera y otros directivos de la compañía, como José Antonio Prado Carranza, titular jurídico (excompañero de César Nava Vázquez en la Universidad Panamericana y su exsubordinado en Petróleos Mexicanos), responsables de las observaciones dictaminadas por la ASF, se les otorgaron jugosas liquidaciones.

FUENTE: CONTRALÍNEA 177 / 11 DE ABRIL DE 2010

[La Jornada] Desde este año, la CFE cobrará por adelantado la electricidad

█ Instalará nuevos medidores para obtener más recursos de los usuarios domésticos █

Desde este año, la CFE cobrará por adelantado la electricidad

█ La comisión comercializará los espacios de las tarjetas de recarga █

█ Será un esquema opcional █

Israel Rodríguez

Periódico La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2010/03/28/index.php?section=economia&article=024n1eco

Domingo 28 de marzo de 2010, p. 24

Con el fin de allegarse recursos financieros por anticipado, principalmente de los clientes de bajo consumo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) espera concluir este año con la instalación de un millón y medio de medidores de prepago eléctrico. San Luis Potosí, Morelos, Michoacán, Veracruz y Guanajuato son algunas de las entidades en las que se ha iniciado paulatinamente la instalación de estos aparatos que permitirán, según la paraestatal, una mejora operativa.

Adicionalmente, la CFE aplica un programa de monedero electrónico que permitirá a la paraestatal comercializar espacios de publicidad con lo que obtendrá recursos financieros. Los usuarios domésticos podrán efectuar sus compras en las empresas afiliadas al mismo tiempo que acumularán puntos, que se destinarán en forma automática al pago de su recibo del servicio de energía eléctrica, o serán bonificados para ser utilizados en la compra de bienes y servicios de las empresas afiliadas o patrocinadoras.

El monedero electrónico empezará a llegar en algunas entidades junto con el ciclo de reparto del aviso-recibo a partir del próximo miércoles 31 de marzo y hasta mayo de 2012. En la última página de éste, en letra chiquita se consigna un aviso: que recuerdes que cuentas con un Seguro de Vida y Asistencia médica el cual no es a solicitud del usuario. Los dos primeros meses de esta póliza serán gratuitos y si no se cancela será cargado en el recibo de consumo. La aseguradora será Mapfre y se cobrará con puntos, lo que significa que si se cancela el seguro no se podrá utilizar el monedero electrónico.

El esquema de prepago eléctrico –que es opcional– se aplica en Morelos, principalmente en Temixco y Cuautla, a través de la sustitución de medidores digitales de la marca Iusa, y va a seguir en San Luis Potosí y en Michoacán. Se prevé que a finales de este año se extienda a Nuevo León y otras entidades del país. El programa va a funcionar a través de tarjetas de recarga que se comercializarán en las llamadas tiendas de conveniencia, como Oxxo, y está destinado a los clientes que tienen consumos de alrededor de 200 pesos bimestrales.

Por su parte, el programa de monedero electrónico es implementado y operado por parte de la empresa denominada Axcentric, S.A.P.I., dirigida por Manuel Alvarez Ruiz Galindo, derivado de la licitación pública nacional número LPN-SD-001/09 convocada por la CFE y de conformidad con el permiso otorgado por el gobierno federal a través de la paraestatal con fecha 3 de abril de 2009.

A través de esta estrategia, la CFE a través de la empresa operadora podrá comercializar anuncios promocionales de las empresas afiliadas en los espacios disponibles en el aviso-recibo, documento que periódicamente emite CFE a los usuarios para indicar los conceptos relativos al consumo de energía eléctrica.

Para los críticos de la comercialización de estos espacios esta estrategia forma parte de la privatización de las funciones reservadas al Estado, debido a que la paraestatal venderá espacios que son un bien público para beneficio de empresas privadas.

El monedero electrónico llegará con el ciclo de reparto del aviso-recibo y la fecha máxima será el 31 de marzo de este año para que esté en las manos de los usuarios de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California.

Para entidades como Sonora y Sinaloa se aplicará como fecha límite el 31 de mayo de 2010. Para el Distrito Federal y zona conurbada del Valle de México será el 31 de diciembre del presente año. En las ciudades de Tampico, Madero, Altamira y Ciudad Victoria, la fecha límite será el 30 de noviembre de 2010.

En Jalisco y la zona de Tepic, Chihuahua, Torreón, Durango y zona Vallarta, la fecha máxima será el 28 de marzo de 2011. Otras ciudades, como San Juan del Río, Tequisquiapan, Irapuato, León, Celaya, Aguascalientes y Zacatecas se implementará el 30 de mayo de 2011. Para Michoacán y Colima el 30 de julio de 2011, mientras que para la zona peninsular de Mérida, Cancún, Playa del Carmen e Isla Mujeres la fecha límite es el 30 de septiembre de 2011. Otras ciudades de la división Oriente, Centro Oriente, Sureste, Centro Sur y Sureste las fechas se extienden desde enero a mayo de 2012.

[La Jornada] Millonario robo de transformadores

Millonario robo de transformadores

Trabajadores que resguardan diversas unidades de Luz y Fuerza del Centro denunciaron que “continúa el desbordado saqueo de material y equipo en instalaciones de la paraestatal”.

Trabajadores del llamado conjunto Tacuba informaron que la mañana de ayer ocurrió un millonario robo de transformadores que se encontraban en esas instalaciones. En camionetas, vehículos compactos y hasta en un tráiler, personal aparentemente de las empresas “contratistas” se llevaron centenas de transformadores de distribución y transferencia, así como otros equipos que se encontraban en esa unidad.

“El tamaño del saqueo fue tal que hasta tuvieron que utilizar un montacargas para llenar el tráiler”, indicaron tras denunciar que durante toda la mañana se registró gran actividad en estas instalaciones, que llegaron múltiples vehículos y camionetas pintadas de blanco, sin logotipo y la mayoría con placas de otros estados, cuyos integrantes se dedicaron a sacar todo lo que había en el conjunto Tacuba.

Según explicaron, esta unidad que se encuentra en avenida Cuitláhuac y la glorieta de Camarones, funcionaba como taller de reparación de transformadores de distribución y transferencia. También indicaron que esta misma acción de saqueo se aceleró en diversas instalaciones, “luego de los actos de represión que cometieron contra el sindicato el 16 de marzo”.

[La Jornada] La IP generará 50% de energía eléctrica que requiere el país

La IP generará 50% de energía eléctrica que requiere el país

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anticipó que en los próximos 10 años los productores de energía eléctrica privados generarán 50 por ciento de la electricidad que se consume en el país, al desplazar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En respuesta a preguntas del diputado José Narro (PRD), quien cuestionó que la capacidad de la CFE está subutilizada porque cada vez compra más energía a empresas privadas, el auditor especial de Desempeño de la ASF, Roberto Salcedo Aquino, resaltó que esa tendencia se ha acelerado desde 2003, un año después de que el órgano fiscalizador perdió el amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar la validez de los contratos de producción de energía.

“¿Qué ha pasado desde entonces? En 2003 CFE generaba 83 por ciento de la energía eléctrica que mueve al país. Ahora genera sólo 66 por ciento, una diferencia de 16 puntos abajo”, explicó el auditor.

Durante la reunión de la Comisión de Vigilancia con los titulares de la ASF para revisar el Informe de la cuenta pública 2008, Salcedo Aquino refirió que la extinta Luz y Fuerza producía 0.8 por ciento en ese año, y los productores privados 15 por ciento, pero ahora ese porcentaje es de 30.

“Y la tendencia, si tomamos como referencia este periodo de cinco años, es que en 10 años los productores privados lleguen a 50 por ciento de la producción de la energía del país. Lo advertimos en 2002, pero perdimos el amparo en la Corte y los resultados son éstos”.

[La Jornada] Apenas 1.25% de ex trabajadores de LFC labora en instancias creadas por el gobierno

Apenas 1.25% de ex trabajadores de LFC labora en instancias creadas por el gobierno

En 29 franquicias están ocupados 175 y 350, en tres cooperativas que prestan servicio a CFE

Economía pagará a la Universidad Icel un millón 300 mil pesos para capacitar a mil

A seis meses de que el Ejecutivo federal decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), apenas 1.25 por ciento de 42 mil trabajadores del organismo laboran en las franquicias o cooperativas impulsadas por el gobierno federal, según cifras de la Secretaría de Economía (SE).

Hasta el momento, la dependencia ha destinado 14 millones de pesos para tales “alternativas de empleo y negocio”, como las llamó Miguel Marón Manzur, subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la SE, pero sólo laboran en ellas 525 ex trabajadores de LFC.

En conferencia de prensa, el funcionario precisó que se crearon 29 franquicias que emplean a 175 ex trabajadores de LFC, mientras otros 350 laboran en tres cooperativas que prestan servicios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aun cuando dijo que entre 60 y 70 por ciento de quienes estaba contratados ya pidieron su liquidación.

Ahora, la SE pretende que otros mil ex trabajadores sean contratados en un centro de atención telefónica que se encargará de atender las quejas contra la CFE por apagones y fallas en el suministro de energía eléctrica.

El subsecretario informó que la SE pagará un millón 300 mil pesos a la Universidad Icel para que capacite, certifique y contrate a ese millar de trabajadores.

“Iniciamos la capacitación para la contratación de mil ex trabajadores que desarrollarán nuevas habilidades para prestar servicios relacionados con tecnologías de la información…Queremos fortalecer sus competencias a fin de facilitar su reinserción al sector laboral”, precisó Marón Manzur.

Mencionó que las tres cooperativas de ex trabajadores han realizado ventas por 43 millones de pesos por servicios de proveeduría a CFE, pero se prevé que se incrementarán a más de 700 porque trabajarán con otras dependencias federales. Además dijo que en breve se abrirán otras 50 franquicias, también con apoyo de la SE. Para el nuevo proyecto de centro de atención telefónica, explicó, se pretende que la Universidad Icel capacite a mil ex trabajadores durante 108 horas (cinco horas y media por día), mediante una beca individual de mil 300 pesos que pagará la SE.

“Una vez que concluyan y aprueben el curso, todos los trabajadores podrán incorporarse al centro de atención telefónica que maneja esta universidad. Ya tienen garantizados en ese proceso mil puestos de trabajo para ellos y depende de su esfuerzo para que sean ocupados”, indicó Marón Manzur. Incluso si algún trabajador no aprueba la certificación, tendrá una segunda oportunidad para hacerlo.

Según Jorge Nacer Gobera, presidente del Patronato de la Universidad Icel, “un operador de centro de atención telefónica no sólo responde las llamadas de los clientes, sino que tiene la capacidad de asesorar y atender cualquier inquietud que le planteen para lograr su satisfacción y mantener su fidelidad”, pero no informó cuánto ganarán los trabajadores que sean contratados.

Pierde CFE juicio con banco

Pierde CFE juicio con banco

Mar 16th, 2010 @ 05:45 pm › Juan Contreras

Abel Barajas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió un juicio civil en el que reclama al banco HSBC más de 300 millones de pesos.

Dicho reclamo es por los daños y perjuicios que supuestamente le causó la institución bancaria al no detectar y reportar que de 2003 a 2007 varios empleados robaron esa suma de las arcas de la paraestatal.

El Juez Décimo Primero en Materia Civil, Felipe Consuelo Soto, absolvió a HSBC de pagar 284 millones de pesos más intereses, por el fraude que realizó Alejandro Morales Méndez, de la Tesorería de la CFE, quien usó claves electrónicas para hacer transferencias de las cuentas de la empresa a las propias y de terceros.

En su determinación, el juzgado consideró que el banco no tenía la obligación legal de supervisar los movimientos financieros, pues los depósitos en cuentas son responsabilidad del titular y no de quien le proporcionó el servicio bancario.

La determinación fue apelada por la CFE, con el objeto de que un tribunal unitario civil revoque el fallo. Fuentes allegadas al litigio dijeron que a mas tardar el mes entrante será emitida la sentencia.

Según la demanda 256/2008, a la que se tuvo acceso, el banco manifestó al juzgado que el robo pudo realizarse gracias a la negligencia y falta de controles de la paraestatal sobre quienes tienen las claves para manejar su dinero electrónico.

Señaló que la paraestatal pretende que HSBC “ejerza una supervisión sobre su nómina que ella misma no ejerce”.

Morales Méndez, ex jefe de Departamento de la Tesorería de la CFE al que identifican como el “cerebro” del megadesfalco, fue detenido el 5 de agosto de 2007 en Torreón, tres meses después de que cinco de sus presuntos cómplices fueran internados en el Reclusorio Sur.

En la demanda civil, la CFE informó que 90 por ciento de los traspasos ilegales desde sus cuentas, se hicieron a la cuenta personal de Morales Méndez y de Crisógono Morales González e Ismael Espinoza Reyes, estos dos ajenos a la empresa.

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[José Antonio Almazán] Huelga política nacional

Huelga política nacional

José Antonio Almazán González

Fuente: La Jornada

E

l próximo 16 de marzo al mediodía miles de banderas rojinegras serán colocadas en escuelas, barrios populares, comunidades agrarias y centros de trabajo para mostrar el repudio popular a los causantes del desastre nacional y en defensa de los derechos constitucionales violados por el mal gobierno. Quienes convocan a la huelga nacional son organizaciones sociales, sindicales, políticas y de ciudadanos, agrupadas en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular (ANRP), entre los que destacan el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Otras organizaciones, como el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) continúan deliberando las modalidades de su participación en la huelga política nacional, particularmente el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que ha emplazado a huelga para el 25 de abril.

La ANRP señala que la huelga nacional del 16 de marzo es la oportunidad de todos y todas para detener a quienes usurpan el gobierno de la República y violentan los derechos del pueblo y su llamamiento, incluyente y plural, es “a la participación en todos los rincones de la patria a que paralicen la producción, la distribución de mercancías, a que ocupen las tierras que les han sido arrebatadas, a tomar los caminos, a protestar en las plazas, en los valles y senderos, armados de la razón y de la confianza en la lucha”. Sus demandas recogen demandas populares tales como: reducción de impuestos y precios de servicios públicos y alimentos.

Aumento salarial de emergencia y programa nacional de empleo, alimentación y vivienda; solución a las demandas del SME, a las huelgas mineras de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, son demandas de la UNT y la CNTE, así como respeto a la autonomía sindical, observancia plena de la Ley Federal del Trabajo y la Constitución. Incremento del presupuesto para la educación, la ciencia y la cultura. Servicio médico universal. No a la privatización del petróleo, el agua, los minerales y la electricidad. Solución a los afectados ambientales. Programa emergente para asegurar la soberanía alimentaría y la erradicación de la pobreza en el campo. Respeto a la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas. Juicio político a Calderón. Libertad a los presos políticos. Castigo a los violadores de los derechos humanos y por el regreso de los militares a sus cuarteles.

Bajo la consigna: ¡O son ellos o somos nosotros!, maestros, mineros y electricistas categóricamente señalan que los grandes empresarios y sus políticos nos han llevado al límite de la sobrevivencia y del enfrentamiento. En tres años el número de pobres pasó de 40 millones a más de 50 millones; entre 7 y 8 millones de jóvenes carecen de escuela y empleo, nuestros ingresos se han reducido entre 30 y 40 por ciento. El crecimiento económico de México es el más bajo de América Latina y el peor en toda la historia moderna (...) Todos sabemos que la crisis social se profundizará en los próximos meses y años, si no ponemos un hasta aquí a quienes desgobiernan.

La conclusión de quienes integran la ANRP es clara. Mientras ellos, el mal gobierno y la oligarquía sigan dirigiendo al país no tenemos ninguna oportunidad de salir de la crisis social, pues ésta se profundizará junto con el terrorismo de Estado que en nombre del supuesto combate a la delincuencia organizada, militariza la nación y avanza hacia la implantación de una dictadura cívico-militar al servicio de Estados Unidos.

Las acciones de la huelga nacional se desarrollarán por lo menos en 25 estados de la República, pero se concentrarán solidariamente en Cananea, Sonora, y en alrededor de 300 centros de trabajo del SME. En defensa del derecho de huelga pisoteado por el mal gobierno y el nefasto Grupo México de la familia Larrea. En rechazo al inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y el despido injustificado de 44 mil trabajadores electricistas.

Mientras la clase política y sus partidos discuten una reforma de Estado y tejen alianzas político-electorales sin principios para perpetuarse en el poder y seguir jodiendo al pueblo, y en tanto los usurpadores desdibujan los centenarios de la Independencia y la Revolución con pirotecnia y fuegos fatuos, buscando mediatizar los sueños de libertad, justicia y democracia del pueblo de México, abajo y a la izquierda el pueblo se organiza, expresando su malestar y coraje en contra del mal gobierno de múltiples formas como Luz María Dávila, en Ciudad Juárez, los damnificados de Chalco, o los abucheos a Calderón en diversas partes del país. Sumemos todas nuestras voces en la huelga política nacional.

Video Conmemorativo 100 años de Luz y Fuerza del Centro

[El Sol de Hidalgo] Trabajaron doce días y no les pagan.

█ Trabajaron doce días y no les pagan. █

http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n1425294.htm

El Sol de Hidalgo

2 de diciembre de 2009

Por Roberto Ramírez.

Once trabajadores contratados por parte de la CFE para laborar en el tendido de líneas eléctricas en la Ciudad de México, ahora les niegan el pago de honorarios. Foto: El Sol de Hidalgo.

Pachuca, Hidalgo.- Once trabajadores hidalguenses fueron contratados por una empresa privada para laborar en el tendido de líneas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Ciudad de México, sólo que no les pagaron.

Los agraviados, en su mayoría vecinos de San Agustín Tlaxiaca, responsabilizan directamente al contratista Oscar Salazar González, "pues fue quien nos llevó a trabajar durante doce días, prometiendo un salario diario de 726 pesos, más horas extras".

David Granados Gómez, Héctor Serrano Martínez, Cristian Juárez Hernández, Luís Román Serrano Ruiz, José Luis Muñoz Daniel, Juan Leonardo Flores Santillán, Bruno Flores Santillán, Bernabé Martínez Santillán y Humberto Fragoso Espinosa son los agraviados trabajadores que se presentaron en la redacción de EL SOL DE HIDALGO a fin de exteriorizar su inconformidad.

"Por los doce días que laboramos, en global, nos deben 105 mil 600 pesos. Lo peor del caso, el ingeniero Oscar Salazar ahora se dice muy ofendido porque lo fuimos a buscar en sus oficinas requiriendo el pago de nuestros honorarios ya devengados, y ahora nos dice que no nos pagará, así de fácil".

Los afectados coincidieron en señalar que, el pasado 29 de octubre, fueron invitados y reclutados por el citado contratista a efecto de trabajar, en la delegación Iztapalapa, en el tendido de líneas eléctricas para la CFE.

"Desde un principio, Salazar González dijo que personalmente nos pagaría cada ocho días, además de las horas extras por laborar sábados y domingos.

"Todos estuvimos de acuerdo por la paga que nos ofreció.

Sin embargo, el problema llegó en la primera semana, cuando nos indicó que no había raya.

"Pese a la protesta de todos, ya que laboramos por necesidad, el contratista se justificó diciendo que no le habían pagado, pero que nos haría un préstamo de 500 pesos, situación que rechazamos.

"No obstante, seguimos laborando hasta el día 12, y como de plano no veíamos el interés por pagarnos, decidimos acudir a las oficinas de la CFE con objeto de ver qué sucedía y por qué no nos pagaban.

"Uno de los funcionarios de la dependencia federal, desconcertado, nos informó que no había tal adeudo y que al contratista le estaban pagando al corriente, que ignoraba por qué no nos pagaban a nosotros".

Debido a la revelación, el grupo de trabajadores buscó y se entrevistó con Oscar Salazar para comentar lo ocurrido. "Lejos de reconocer su error, se mostró supuestamente molesto. Nos comentó que no nos pagaría y que de plano fuéramos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para ver si ahí nos pagaba".

Por tal exceso, decidieron solicitar la asesoría legal del abogado Gregorio Muñoz Nery. Así decidieron interponer formal denuncia penal por el delito contra el trabajo y asociación social, y contra el multicitado contratista, según consta en la averiguación previa 12/SPM/1805/2009.