martes, 25 de mayo de 2010

La huelga de hambre del Sindicato de Electricistas cumple 30 días



José Antonio Almazán

González

Rebelión


Próxima a cumplir los críticos 30 días, la digna huelga de hambre del Sindicato Mexicano de Electricistas sufre el embate de un gobierno dispuesto a todo para exterminar a un sindicato democrático que constituye un obstáculo formidable para privatizar la industria eléctrica nacionalizada y entregar el multimillonario negocio de la fibra óptica y las redes eléctricas a la oligarquía mexicana y empresas trasnacionales. Por un lado estrechan el cerco informativo con el que se busca acallar las razones de la huelga de hambre, a la par que aceleran los preparativos para encarcelar a los dirigentes del SME, acusándolos de sabotaje, y levantar la huelga para crear las condiciones de un fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo a Felipe Calderón no le salen bien sus cálculos políticos, hoy trastocados por el secuestro del Jefe Diego.

¿Quienes son esos heroicos trabajadores que han resuelto exponer su salud y su vida en una huelga de hambre? En una sencilla encuesta aplicada al inicio de la misma los huelguistas nos dan sus respuestas. Son 80 en el Zócalo de la ciudad de México y 13 en Toluca, con edades que van de los 20 a los 58 años y antigüedades laborales en Luz y Fuerza del Centro que van de los cinco años hasta otros que estaban a la espera de una merecida jubilación. Los huelguistas del SME, 80 hombres y 13 mujeres, son el reflejo fiel de un sindicato con historia y tradición que se niega a rendirse, dispuesto a luchar hasta sus últimas consecuencias, por la vía pacífica; haciendo uso de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero negadas y pisoteadas sistemáticamente por un gobierno cínico y represor.

De los 93 huelguistas del SME la gran mayoría son casados, con dos o tres hijos que dependían económicamente del salario que percibían sus padres y madres, cuyo trabajo les fue arrebatado criminalmente por el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro firmado por Calderón el 11 de octubre de 2009. Todos excelentes trabajadores, expertos técnicos en redes eléctricas, otros ingenieros, oficinistas, operadores de equipo, linieros, mecánicos, ayudantes, operadores de subestaciones, cuya experiencia y formación profesional es menospreciada por Calderón y su pianista fracasado.

Como lo cuentan los huelguistas del SME, al ser despedidos injustificadamente perdieron todo, y sus proyectos de vida, sus sueños y esperanzas, fueron brutalmente trastocados. ¿Cómo han sobrevivido estos más de siete meses los trabajadores que no sucumbieron a la campaña de linchamiento y liquidación voluntaria? La lista es larga: echando mano de los ahorros para los pocos que lo tenían. Vendiendo sus pertenencias personales. Ajustando la dieta, es decir, comiendo menos y de menor calidad nutritiva. Cambiándose a una vivienda más modesta que la que tenían. Vendiendo tortas, jugos, comida, tacos, dulces, cigarros. Haciendo chambitas temporales en la enorme variedad de la llamada economía informal. Contando con el apoyo y solidaridad de la familia. Algunos, muy pocos, consiguiendo otro trabajo, pues la mayoría son rechazados por el simple hecho de haber laborado en Luz y Fuerza del Centro.

¿Qué llevó a las mujeres y los hombres electricistas a tomar la decisión de la huelga de hambre? Para el gobierno la respuesta sigue siendo un misterio, pues ese sentimiento no lo conocen ni comprenden, y menos lo practican, cegados como están por entregar el patrimonio nacional energético. Para los 93 huelguistas del SME, así como para los 18 mil trabajadores no liquidados, la respuesta es muy sencilla. La dignidad. Para no ser pisoteados y humillados. En defensa de sus derechos laborales legítimamente conquistados. Para defender y recuperar su trabajo. Para poder soñar con una vida digna. Para decirle al gobierno represor y antiobrero ¡ya basta!
Si no fuera por esa dignidad y su conciencia de clase como trabajadores agremiados en un sindicato que nació al fragor de la Revolución Mexicana, quizás los cálculos de Calderón y Lozano se hubieran cumplido. Apostaron a una salida violenta y represiva en las primeras horas, días y semanas del golpe fascista. Calcularon que la dignidad electricista podía vencerse a través de una campaña mediática de linchamiento y satanización y una liquidación voluntaria con premio adicional.

El fracaso de la guerra de exterminio en contra del SME está a la vista. Los apagones, fallas, disturbios eléctricos, siguen creciendo en la zona atendida por Luz y Fuerza del Centro. Las empresas contratistas de CFE han mostrado hasta la saciedad su incapacidad para garantizar el suministro normal de energía eléctrica. Cada día que pasa las mentiras de Calderón van saliendo a flote y el ocultamiento deliberado de información para no perder el juicio de amparo promovido por el SME debe ser valorado por la SCJN. La campaña para acusar al SME de sabotaje viene a menos, enterada la opinión pública de que el sabotaje lo propicia el gobierno federal con su impericia y falta de atención a las 22 zonas críticas de LFC. Por el contrario, a más de siete meses del golpe artero, lo que brilla en el Zócalo de la ciudad de México es la dignidad electricista, expresada en la huelga de hambre masiva.

¡EL SME SE QUEDA, CALDERÓN SE VA¡

¡EL SME SE QUEDA, CALDERÓN SE VA¡


Criminalizar la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y acusarlos de sabotaje a la red eléctrica, pone al descubierto la estrategia represiva de la camarilla encabezada por Felipe Calderón.

Desaparecer al SME y desarticular al Sindicato Minero aplastando a los compañeros de Cananea, es el primer paso de un plan del empresariado para precarizar de una vez por todas, las condiciones de vida y de trabajo de los empleados públicos, de telefonistas, petroleros, minero-metalúrgicos, electricistas y transportistas, entre otros. Es el primer paso de su verdadero programa anti crisis de carácter patronal, del proyecto para generalizar y profundizar la pobreza, así como concluir la entrega de los bienes naturales y humanos de la nación mexicana, a multinacionales y gobiernos extranjeros, al español y al estadounidense, en primer término.


Calderón y su camarilla de vendepatrias saben que el desmantelamiento de los pocos derechos sociales y de los últimos resquicios de soberanía nacional que nos quedan, únicamente puede prosperar sí culminan la implantación de su dictadura cívico-militar, mafiosa y terrorista. Las reformas reaccionarias en el terreno laboral, educativo, judicial, de las comunicaciones y de la seguridad nacional son parte de una guerra global en contra del pueblo de México, contra sus mujeres y hombres, contra sus jóvenes y niños, en un país en el que 30 ricos de la calaña de Slim, Azcárraga, Salinas o Larrea, pretenden quebrarnos la esperanza, toda tentación de futuro.


La guerra intermafias del señor Calderón, con casi 30 mil víctimas entre asesinados y desaparecidos, la Iniciativa Mérida, la militarización del espacio nacional, la represión tipo San Salvador Atenco o San Juan Cópala y los asesinatos de Pasta de Conchos, Cd. Juárez y de tantos mexicanos, migrantes o no, a manos de policías, militares y bandas de criminales protegidos por el Estado Mexicano, son la otra cara de la guerra social. De una que en tres años de dictadura calderonista generó 10 millones de nuevos pobres, incrementó a tres millones de desempleados más, y la caída de los ingresos de la mayoría de los mexicanos en alrededor de un 30 por ciento. Entre las víctimas más destacadas de esa guerra librada por el gran capital contra nosotros, destacan las mujeres y 7 millones de jóvenes que carecen de empleo y escuela.


Acusar de sabotaje al SME constituye un hecho de graves consecuencias para todos los mexicanos. Una vuelta de tuerca en la línea de la dictadura cívico-militar, un paso hacia la completa instalación de la violencia y el terror, donde los principios éticos más elementales puedan ser violados cínicamente, al estilo de gente como Calderón o Lozano. Sólo por nombrar a dos de los personajes más corrompidos, entre los muchos que abundan en la clase política y la casta de los grandes empresarios.

Queda claro compañeras y compañeras ¡o son ellos o somos nosotros! No hay término medio. No hay posibilidad de enfrentar el desastre nacional, de parar y hacer retroceder las reformas neoliberales, más que sacando del gobierno y del poder a los responsables del desastre nacional; más que refundando la nación desde el pueblo, desde las tradiciones de Hidalgo, Mina, Morelos, Juárez, Magón, Villa, Zapata, Lázaro Cárdenas, Breña Alvírez, Jaramillo, Vallejo y Othon Salazar.


El despeñadero está a la vista y promete ser más catastrófico que todo lo vivido en el último siglo.


La crisis actual es, en muchos sentidos, la más grave en toda la historia de las sociedades capitalistas, al igual que la crisis del estado-nación mexicano. Requerimos de propuestas que estén a la altura de los retos. Las luchas de los últimos años enseñan que no bastan las batallas gremiales, puramente económicas, ni tampoco las de carácter local o incluso sectoriales. Hace ya tiempo que las viejas formas de organización y lucha, no responden con eficacia a la guerra global y a la determinación de nuestros enemigos, de hacernos retroceder a condiciones de servidumbre colonial y esclavitud que creíamos superadas. Separar lucha económica de la lucha política y cultural como hizo el viejo anarcosindicalismo conduce a la derrota.

Desde nuestra opción de lucha política, civil y constitucional, a la guerra global del enemigo debemos responder con una estrategia equivalente, colocando en el centro de las disputas, la lucha por la construcción del poder popular, la liberación nacional y la toma del poder. Sólo de esta manera podremos operar como un gran ejercito civil, social y político, que es capaz de concentrar sus fuerzas en el punto que exija la marcha general de la batalla contra nuestros adversarios. Únicamente de ese modo, tendremos oportunidad de trascender los egoísmos y sectarismos que alimentan nuestras derrotas.


En el momento actual la huelga de hambre del SME y la lucha que ellos protagonizan, es el punto central del frente de batalla, de la guerra social que libramos las fuerzas populares y progresistas contra el gobierno espurio y los capitales trasnacionales: CARSO, TELEVISA, TV AZTECA, CEMEX, IBERDROLA, GAS NATURAL, REPSOL, HALLIBURTON y muchas más.

La posibilidad de articular un frente común y varias líneas convergentes de combate radica en reconocer esta realidad y actuar en consecuencia. Es decir, conjuntando las luchas más importantes del momento y las fuerzas de las que disponemos alrededor del punto central del combate. En este caso, la huelga de Cananea y la resistencia minera, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, los compañeros de San Juan Cópala y de San Salvador Atenco además de la huelga de hambre del SME, pueden concitar la indignación y el coraje de amplios sectores hastiados con el proceder del gobierno.

Para que así ocurra, los aquí reunidos, representantes de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular y del Congreso Social Hacia una Nueva Constituyente estamos comprometidos en la pelea por echar al usurpador Felipe Calderón, cabeza visible de quienes engendraron la catástrofe nacional.


¡Que se vaya Calderón¡ ¡Que se vayan todos los neoliberales! Para conmemorar el Bicentenario del inicio de la Guerra de independencia y el Centenario del arranque de la Revolución Mexicana, enarbolando nuestro Proyecto de Nación Alternativo al Neoliberalismo.


El Congreso Social Hacia la Nueva Constituyente aprobó en su asamblea fundacional del 5, 6 y 7 de febrero del año en curso, desarrollar una campaña para la destitución de Calderón que concluiría en una primera fase con una Consulta Nacional los días 22,23 y 24 de mayo en la que todos nos comprometimos a instalar mesas de consulta.


En días recientes se afinó una propuesta de la segunda fase de la campaña ¡Fuera Calderón! En ella se plantea avanzar hacia la realización de un juicio político contra el espurio, que consta de dos aspectos o procesos:


El primero, consiste en la organización formal de un comité de abogados, legisladores y personalidades del movimiento social, civil y político que preparen la iniciativa de juicio político a Calderón por violaciones al orden constitucional y traición a la patria, a la par que se presenta un proyecto que incluya el tema de la revocación de mandato en la Constitución, entre otros, que tienen que ver con la democracia participativa.

El Segundo proceso, incluye una serie de juicios populares en las plazas públicas del país a partir de julio-agosto y que culminarían con un gran juicio popular el primero de septiembre. Además se instrumentaría una campaña nacional de firmas, casa por casa, para aumentar el número de adhesiones a la exigencia de destitución de Calderón.


Esa propuesta, de aprobarse, se articulará con el Plan de Acción que se bosquejó para llevarse a cabo en los próximos días.


Propuesta de plan de acción:


1.- Reforzar la huelga de hambre del SME, con ayunos y movilizaciones en todos los estados de la República.

2.-Instalación de campamentos magisteriales y de grupos populares junto a la huelga de hambre.

3.- Aprovechar la movilización para visibilizar otras luchas, en particular la de Cananea, ABC de Hermosillo, San Juan Copala, Atenco, Candelaria y la consulta de revocación de mandato, entre otras.

4.- Participar en todo el país en la Consulta los días 22, 23 y 24 de mayo, y continuar la consulta bajo cualquier forma, hasta el 30 de junio.

5.- Movilización Nacional Magisterial y popular en la Cd. de México el 24 de Mayo, de la Glorieta de Colón al Zócalo a las 16 Hrs.

6.- Participar en el Paro Nacional de Transportistas el primero de julio.

7.- Esta Asamblea acuerda convocar al Congreso Social para determinar las siguientes fases hasta su realización.


Atentamente


ASAMBLEA NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR


CONGRESO SOCIAL HACIA UNA NUEVA CONSTITUYENTE

jueves, 29 de abril de 2010

[La Jornada] San Juan Copala: crónica de una represión anunciada

San Juan Copala: crónica de una represión anunciada

Francisco López Bárcenas.

La Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) cumplió su palabra. Esta organización paramilitar, creada por el gobierno del estado de Oaxaca desde el año de 1994 para controlar la región triqui, volvió a sacar las armas haciendo que sangre inocente volviera a teñir las verdes laderas de ese territorio indígena. De acuerdo con la información preliminar que públicamente ha circulado, de la agresión resultaron dos personas muertas: la mexicana Beatriz Cariño Trujillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia, mientras más de una docena de activistas se encuentra en calidad de desaparecidos, sin que sus compañeros sepan si están muertos, heridos o escondidos en algún lugar, porque tomaron rumbo al monte para protegerse de las balas asesinas.

Tanta saña contra una caravana de personas indefensas se originó en el hecho de que los activistas intentaron romper el cerco tendido por los agresores sobre el municipio autónomo de San Juan Copala, para poder entregar alimentos, ropa y un mensaje de solidaridad a sus habitantes, que desde hace meses se encuentran incomunicados y sin luz eléctrica por el hecho de querer ser autónomos, es decir, libres, es decir, ellos mismos.

La agresión estuvo anunciada, cantada, desde días antes que sucediera. Desde que las autoridades del municipio autónomo informaron que la caravana llegaría, la Ubisort dijo que no la dejaría entrar y que si llegaban no se responsabilizaban de lo que les sucediera. Y cumplieron su palabra con los lamentables resultados de personas inocentes muertas, heridas y desaparecidas. Pero hubo otros sucesos que también anunciaron la represión en la región triqui. El día 28 de noviembre del año pasado el mismo grupo impidió que integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, llegaran al municipio autónomo, donde tenían planeado realizar la clausura de la campaña por la libertad de sus presos. En esa ocasión, muchos pensaron que había una alianza entre los gobernadores Enrique Peña Nieto, del estado de México, y Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, los mandatarios más represivos del sexenio, para evitar que los dos movimientos de resistencia se unieran. La hipótesis no era tan descabellada, porque a partir de esa fecha la represión sobre el municipio autónomo aumentó, hasta llegar a donde ahora se encuentra.

Ese mismo día, en los diarios de la capital oaxaqueña se inició una fuerte campaña de desinformación, afirmando que el municipio autónomo había llegado a su fin. Para darle algún viso de veracidad a sus dichos, los integrantes de la Ubisort declararon agente municipal a Anastacio Juárez Hernández, hermano del líder de la organización. A pesar de que las autoridades municipales desmintieron una y otra vez esas versiones, la campaña continuó, mientras en la región triqui la sangre seguía corriendo. El día 29 de noviembre de 2009, las instalaciones del municipio recibieron la agresión más violenta desde su fundación, pero no sólo eso, también el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco, así como otro menor cuyo nombre no se dio a conocer. Ese mismo día los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana, el mismo lugar donde ahora se perpetró la agresión a la caravana de activistas, con la clara intención de tender un cerco sobre los habitantes del lugar.

Cuando consideraron que el municipio estaba aislado asestaron lo que tal vez pensaron era su golpe definitivo. El 10 de diciembre, fuertemente armados y acompañados por unas cuantas personas, desalojaron a las autoridades autónomas del municipio y montaron una guardia permanente en él. Así estuvieron hasta el 10 de marzo, día en que un grupo de mujeres y niños que respaldan al municipio y sus autoridades se hicieron del inmueble cuando los usurpadores aflojaron la vigilancia; como éstos ya no pudieron regresar, comenzaron a disparar sobre la comunidad, resultando herida la señora María Rosa Martínez, de 64 años de edad. La situación se puso de tal manera peligrosa que muchas familias abandonaron San Juan Copala y se fueron a refugiar a otros barrios o salieron de la región; también se suspendieron clases y hasta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cerró sus instalaciones. Sólo permaneció abierta la iglesia; los pobladores debieron moverse con cautela. Así estaban las cosas hasta el momento de la agresión a la caravana de observación de derechos humanos.

¿A quién beneficia, en términos electorales, la brutal emboscada de ayer en Oaxaca? Es una pregunta que, con mucha pertinencia, nuestro diario se hace. Las respuestas pueden ser varias. Una de ellas, efectivamente, podría encontrarse en los intereses de los diversos actores político-electorales que se mueven en la región. Otra, en los intereses económicos que transitan por ese rumbo. Habrá que escarbar ahí para ver qué luz arrojan. Por ahora, lo más importante es encontrar formas de proteger a la población de la brutal represión, a los originarios y a los de afuera; exigir que autoridades imparciales, auxiliadas por organismos que vigilen su trabajo, inicien una investigación que dé con los responsables y los lleve a juicio. Desgraciadamente, ni en la Federación ni en el estado de Oaxaca se tiene confianza en las instituciones encargadas por ley de esto; por eso tal vez haya que acudir a instancias internacionales. Por el bien de todos, no podemos permitir que esta represión quede impune.

[NOTICIAS MVS 29/04/10] Masacre En San Juan Copala Oaxaca







[REDDH] Pronunciamiento Caso Copala.

La Red de Defensa de los Derechos Humanos condena los actos violentos del pasado 27 de abril en contra de la Misión Civil Humanitaria integrada por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, periodistas, maestros y activistas de diferentes organizaciones sociales oaxaqueñas quienes fueron emboscados en el lugar conocido como La Sábana, cuando se dirigían al Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca; dicho ataque fue realizado por el grupo UBISORT (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui).

La Misión Civil Humanitaria tenía como objetivo llevar ropa y víveres, así como coadyuvar a distender el conflicto creado por la UBISORT, situación que ha propiciado una práctica de violaciones a derechos humanos en la comunidad indígena Triqui.

De acuerdo con el CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO” A.C. ésta es la lista de personas que participaban en la CARAVANA DE OBSERVACION EN SAN JUAN COPALA.

  1. Beatriz Cariño Trujillo Directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS A.C.) Sede en Huajuapan.
  2. Pablo González CACTUS
  3. David Venegas, VOCAL (Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad)
  4. Noé Bautista Jiménez “ “
  5. Daniel Arellano Chavez “ “
  6. Rubén Valencia “ “
  7. Érika Ramírez Contralinea.
  8. David Cilia Semanario “CONTRALINEA
  9. Mery Monomen Coordinadora para México de la Unión Finlandesa de la ONU
  10. Yyry Jaakkola de la Organizaciòn Uusi Tuuli Ry (Nueve Viento) Finlandés
  11. Audberto Matías Cruz Asociación “ Por la paz” Finlandia
  12. Davide Cassinari Observador Italiano
  13. Martin Santana Observador de Bélgica
  14. Fernando Santiago Brigada indígena, Oaxaca
  15. Roger Valle Periódico “APIM”
  16. Mónica Citlali Santiago Oaxaca
  17. Lisa Hotmann Oaxaca
  18. Daniel Arellano Oaxaca
  19. Trinidad Sampablo Oaxaca
  20. Esther Cruz Ortiz Oaxaca
  21. Lorenzo A. Serrano Sección 22
  22. Rene Cariño Sánchez Sección 22
  23. Omar Esparza MAIZ
  24. Roger Corresponsal del diario “Noticias” en Huajuapam
  25. Reportero del Diario “El Despertar”.

Según información de CACTUS la caravana salió en el siguiente orden:

Una urvan rentada donde iban los observadores Internacionales, integrantes de Vocal, Cactus y un reportero del Noticias (Correponsal de Huajuapan), un reportero del diario “Despertar”.

Otro vehículo atrás con los reporteros de la revista “Contralínea”

Otro Vehículo con Consejeros de la APPO

Otro Vehículo con una Comisión Política de las Sección 22

HASTA ESTE MOMENTO (11.00 HRS DEL 28 DE ABRIL 2010) ESTAN CONFIRMADAS LA MUERTE DE:

BEATRIZ CARIÑO TRUJILLO. Directora de CACTUS

YYRY JAAKKOLA Observador Finlandés

DESAPARECIDOS:

Érika Ramírez Semanario “CONTRALINEA

David Cilia Semanario “CONTRALINEA

David Venegas, VOCAL (Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad)

Noé Bautista Jiménez VOCAL

Daniel Arellano Chávez VOCAL

HERIDOS:

Mónica Citlali Santiago. Oaxaca (Internada en la Centro de IMSS en Juxtlahuaca con herida en la espalda).

DE LOS DEMAS OBSERVADORES SE DESCONOCE SU SITUACION Y POR ELLO SE MENCIONAN COMO DESAPARECIDOS.

Los hechos ocurridos en la comunidad de San Juan Copala demuestran el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores de derechos humanos y activistas sociales que contribuyen a la democratización del País. De igual manera, es una muestra palpable de las omisiones por parte del gobierno del estado y de las instituciones de procuración de justicia al no garantizar la integridad física, psicológica y moral de los integrantes de la Misión Civil Humanitaria.

Por lo anterior, la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) exige:

  1. Realizar una investigación imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

2. Garantizar la integridad física, psicológica y médica de los heridos;

3. La presentación con vida de los desaparecidos en los hechos violentos del 27 de abril;

4. Garantizar lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.


Atentamente

Dignidad, Justicia, Libertad

Red de Defensa de los Derechos Humanos

REDDH

__________________________________________________

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

Web: www.reddh.org

correo: contacto@reddh.org

miércoles, 28 de abril de 2010

Reuniones secretas entre Gobierno colombiano y paramilitares salen a la luz pública

Reuniones secretas entre Gobierno colombiano y paramilitares salen a la luz pública

27 de abril de 2010

Negociando desmovilizaciones: en noviembre de 2002 el entonces Comisionado de Paz, Luis Restrepo (centro), se reunió con paramilitares.


Documentos exclusivos extraídos de un expediente judicial dan cuenta de "reuniones secretas" que sostuvo en el año 2002 el entonces Comisionado de Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, con grupos paramilitares, con el fin de las negociar las posteriores desmovilizaciones de estos movimientos armados.

Los textos, publicados por el sitio Web VerdadAbierta.com, contienen una transcripción de la referida reunión entre Restrepo y jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tales como Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, quien era entonces el jefe del Bloque Catatumbo; Ramón Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y otros más, en donde se prepara un plan para mostrar de la mejor manera ante la opinión pública el acuerdo.

El encuentro entre el Gobierno colombiano y los paramilitares se dio en un finca del departamento Córdoba (norte), el 12 de noviembre de 2002, dos semanas antes de que las AUC anunciaran al país su cese al fuego.

Restrepo y la plana mayor de los conocidos como "paras", abordaron en esa reunión lo que sería el primer borrador de un "acuerdo" para la desmovilización del aparato militar de las AUC.

Las conversaciones entre las partes fueron grabadas por los insurgentes y posteriormente transcritas. El texto fue hallado en una "caleta" del paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40" y reposa en varias investigaciones judiciales sobre parapolítica (práctica conocida en el país como vínculos entre funcionarios de Gobierno con miembros de la AUC).

Según las declaraciones de Restrepo asentadas en los reveladores documentos, el proceso de desmovilización se realizaría en tres etapas. Primero el cese de hostilidades, segundo la entrada del Ejército a los sitios controlados por los paramilitares, y tercero, el desarme de las AUC. También propuso delimitar regiones denominadas "zonas de frontera" para concentrar las tropas paramilitares.

Según la transcripción del encuentro, Restrepo dijo: "Hay una diferenciación de dos tipos de zonas, unas zonas que ustedes tienen control, donde no tendrían mayor dificultad para el cese de hostilidades y otras ’zonas de frontera’ podríamos decir".

"Como es un cese unilateral y como todavía no hemos tenido supuestamente contactos con el Gobierno, todas las agresiones que suframos de la subversión estamos en pleno derecho de responderlas, en caso de que nos ataque, que con seguridad nos van a seguir atacando", advirtió Mancuso.

A lo que Restrepo les respondió: "Ese es un derecho que no les podemos quitar. Lo dejo claro. Yo como representante del gobierno no puedo quitarles a ustedes ese derecho".

Al permitirles "ese derecho" a los paramilitares, el gobierno garantizaría que la guerrilla no se fuera a aprovechar del cese al fuego para volver a tomarse "las zonas controladas por las AUC", según lo expresó Restrepo.

De esa manera, el Gobierno colombiano, acordó con los "paras" dejarlos "operar defensivamente" en esas denominadas "zonas de frontera". Tal hecho se confirma en varios e-mails enviados y recibidos por el insurgente Carlos Castaño, a los accedió VerdadAbierta.com.

Carlos Castaño, en un e-mail dirigido a su hermano, Vicente Castaño, le manifiesta que "la reunión con el Comisionado de Paz fue muy satisfactoria".

Además de resalta en el correo que Restrepo les hizo "un claro reconocimiento político". Tal frase además reveló que las conversaciones entre el Gobierno y las AUC se desarrollaron incluso tiempo atrás; pues los paramilitares llevaron a la reunión del 12 de noviembre un borrador en el que exigían al Ejecutivo, que las "reconocerieran como un actor armado del conflicto político y social" del país.

Castaño también le comentó a su hermano que parte del compromiso que acordaron con el Gobierno era decretar a partir del primero de diciembre el cese de hostilidades y que sólo lo iban a anunciar hasta el 29 de noviembre de ese 2002, "pues hacerlo desde ahora sería alertar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que preparen su arremetida a nuestras zonas".

De las conversaciones a los hechos

Efectivamente el 29 de noviembre de 2002 las AUC anunciaron el cese de hostilidades. De acuerdo con el proceso de desmovilización, descrito por Restrepo, seguiría la aplicación de las otras dos fases, es decir, la entrada del Ejército a las zonas de los paramilitares, mientras estos seguirían sus prácticas en las "zonas de frontera", y por último, el desarme que fue acompañado por la conocida como Ley de Justicia y Paz.

La desmovilización se concretó, según el Gobierno, tras la ley 975, también llamada "Ley de justicia y paz", un instrumento aupado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe y aprobado por el Congreso colombiano, que impone condenas de 5 a 8 años por delitos graves incursionados por paramilitares como masacres y secuestros.

De acuerdo con abogado defensor de los Derechos Humanos en Colombia, Jorge Molano, entrevistado por teleSUR, "la Corte constitucional hizo algunas modificaciones de los delitos (...) pero sigue siendo una ley (975) demasiado benigna".

En la actualidad, un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) denunció un fortalecimiento de la guerrilla colombiana durante los últimos dos años, a la par de una intensificación del fenómeno del paramilitarismo.

Para el CICR las AUC han resurgido después del año 2006. Se trata de paramilitares pero con otro nombre, "ahora se les llama "Bacrim" (bandas criminales)", sentenció Christophe Beney, jefe de la delegación en Colombia del CICR, en la presentación de su informe anual, este lunes.

Mientras que con respecto a la guerrilla, dijo: "Las FARC se adaptan de forma dinámica (…) y tienen de nuevo una capacidad (…) para continuar siendo un actor importante".

"Pensamos que en relación con 2006, 2007 y 2008 hay un recrudecimiento de las consecuencias del conflicto armado en Colombia", puntualizó.

http://www.voltairenet.org/article165210.html

martes, 20 de abril de 2010

Javier Lozano Alarcon exponiendo su Reforma Laboral en la Junta de Consejo COPARMEX del 11 de marzo de 2010

Resolutivo general del Foro de análisis del 12, 13 y 14 de abril sobre el Proyecto de Reforma Laboral presentado por el Partido Acción Nacional

Resolutivo general del Foro de análisis del 12, 13 y 14 de abril sobre el Proyecto de Reforma Laboral presentado por el Partido Acción Nacional

El proyecto panista intenta legalizar lo ilegal, de este modo se pretende trastocar y nulificar derechos inalienables de los trabajadores mexicanos.


Después de realizar un concienzudo análisis de la propuesta de reforma laboral presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), se concluye que:


1.- Dicho proyecto sintetiza las demandas más importantes del empresariado mexicano, especialmente los de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), presentadas en distintos momentos por los abogados de esa cúpula empresarial y retomada por diferentes funcionarios gubernamentales Panistas, destacadamente por Carlos María Abascal Carranza y ahora por Javier Lozano Alarcón.


2.- El proyecto panista intenta llevar a la Ley Federal del Trabajo (LFT) lo que en la práctica ya se viene realizando en los hechos desde hace ya varios años, es decir, intenta legalizar lo ilegal, de este modo se pretende trastocar y nulificar derechos inalienables del proletariado mexicano, tales como: la estabilidad en el empleo, la contratación colectiva, el tiempo de servicios como fuente de derechos, la jornada de 8 horas, el derecho a la sindicalización y a la autonomía e independencia sindicales, el derecho de huelga y el derecho a un salario suficiente entre muchos otros.


3.- La propuesta referida pretende por la vía de la reforma a la LFT, vaciar de contenido al Artículo 123 Constitucional. No es nada novedosa esa intencionalidad política del PAN, así han actuado en otros aspectos, como en la Industria Petrolera, la eléctrica, la Seguridad Social, la Educación Publica etc., es decir, mediante el mecanismo de modificar leyes secundarias y/o reglamentarias se contraviene el Texto Constitucional, para después señalar que “habría que adecuar la Carta Magna a lo establecido en las leyes”, claro ya reformadas, trastocando de paso, al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que esta es la Ley Suprema de toda la Nación.


4.- Acción Nacional pretende esconder que en el fondo “su propuesta” intenta ofrecer la fuerza de trabajo mexicana en charola de plata a los inversionistas nacionales y extranjeros. Esto es, la profundización de la explotación intensiva y extensiva de nuestra fuerza de trabajo, y con ello, la maximización de la extracción de la plusvalía generada por los trabajadores, es decir, multiplicar las tasas de ganancia y una mayor acumulación de capital, para una oligarquía insaciable y rapaz.


5.- En tal sentido, este Foro se pronuncia por:


a) El rechazo total y absoluto a ese proyecto patronal-panista de reforma a la LFT, para lo cual, llamamos a todos los trabajadores y las direcciones sindicales; a organizarnos desde la base de nuestros sindicatos; a organizarlos ahí donde no los haya; a establecer coordinaciones locales, estatales y a nivel nacional; a preparar un gran encuentro nacional de todos los referentes gremiales y sindicales, y sobre todo, a movilizarnos intensiva y masivamente para detener este gravísimo atentado contra la clase trabajadora en su conjunto.


b) Trabajar de manera coordinada para que las organizaciones sindicales podamos elaborar una propuesta de reforma laboral progresiva y a favor de los trabajadores, a partir de condiciones mínimas como lo es: el respeto absoluto y aplicación inmediata de la Legalidad Constitucional en materia laboral y la solución inmediata a los actuales conflictos sindicales actuales, entre ellos, los de los mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco y del Sindicato Mexicano de Electricistas.


c) Exigir la inmediata renuncia de Javier Lozano Alarcón de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, por ser un factor de confrontación social en virtud de ser un funcionario absolutamente parcial a los intereses de la clase dominante y de perjuicio a la clase trabajadora.


d) Establecer una alianza de largo aliento entre los trabajadores sindicalizados y los trabajadores sin salario patronal, los cuales desde ahora, anuncian que se suman a la lucha en defensa de la LFT, con sus propias demandas justas y legítimas.


6.- De manera inmediata, llamamos a todos los trabajadores a organizar el próximo primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, como una gran jornada nacional de protesta y rechazo a la reforma patronal-panista y por la exigencia del cumplimiento irrestricto de lo establecido en el Artículo 123 Constitucional y en la LFT.


7.- Finalmente, nos solidarizamos total y firmemente; con los compañeros mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco y con los camaradas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Al mismo tiempo, que exigimos la inmediata solución a dichos conflictos con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la LFT.


Fraternalmente
Secretaria del Exterior
Sindicato Mexicano de Electricistas